Fuerte rechazo a concesiones petroleras otorgadas por Nación a empresas británicas

La Legislatura de Santa Cruz sancionó ayer de manera unánime una resolución por la cual reclama al Gobierno nacional que anule las concesiones de explotación de áreas hidrocarburíferas offshore en inmediaciones de las Islas Malvinas que otorgó a empresas británicas.

Caleta Olivia (agencia)

El proyecto fue impulsado por el diputado Claudio García (PJ-FPV), quien sostuvo que el otorgamiento de esos permisos se enmarcan “en una política de entrega de nuestra soberanía” sobre el archipiélago.

En el capítulo de los fundamentos, el legislador consideró que las empresas autorizadas a explotar las áreas denominadas Cuenca Malvinas Oeste, Cuenca Argentina y Cuenca Austral, de acuerdo al Decreto N° 872/18 firmado por el presidente Mauricio Macri, pertenecen al Reino Unido de la Gran Bretaña que “es ocupante ilegítimo de nuestras islas”.

Es por ello que la Legislatura reclamó al Poder Ejecutivo “que retrotraiga la adjudicación de permisos de exploración y explotación de recursos hidrocarburos en zonas estratégicas del sur argentino”.

Se recordó que fue en octubre de 2018 cuando se publicó el mencionado Decreto, autorizando a la Secretaría de Energía a convocar al Concurso Público Internacional para la adjudicación de permisos de exploración para la búsqueda de hidrocarburos en las áreas del ámbito Costa Afuera Nacional.

En base a ello, el pasado 18 de abril se tomó conocimiento de que las empresas Tullow Oil y Equinor habían ganado la adjudicación de permisos de exploración y explotación de recursos hidrocarburíferos en el marco de la mencionada Convocatoria, lo que representa “una política de entrega de la soberanía de las Islas Malvinas”, señaló el legislador al momento de fundar este reclamo.

POLITICA ENTREGUISTA

En esa misma sintonía, detalló que “la Cuenca Malvinas Oeste se encuentra en las adyacencias a las Islas Malvinas, lo cual constituye al área en una zona de alta trascendencia geopolítica y con implicancias directas en lo que respecta a la seguridad nacional”, adjudicación que “no sólo potencia la presencia británica en la zona, sino que tiene el agravante de brindar información respecto a la estructura geológica del subsuelo marítimo”.

“Estos elementos demuestran que la adjudicación de los permisos en favor de las empresas van en contra de nuestros intereses soberanos en el Atlántico Sur y son violatorios de la Disposición Transitoria de la Constitución Nacional (del año 1994), manifestando una vez más una política entreguista característica del gobierno de Mauricio Macri”, enfatizó García.

Por otra parte, consideró oportuno resaltar que la citada disposición señala que “la Nación Argentina ratifica su legítima e imprescriptible soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes, por ser parte integrante del territorio nacional”.

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