Bonadio también envió a juicio a Jorge Gustavo Simeonoff, exjefe de la Unidad de Renegociación y Análisis de Contratos de Servicios Públicos (Uniren), ambos acusados por los delitos de "estrago culposo" y "administración fraudulenta" por los subsidios que concedió el Estado a la concencionaria TBA, entonces a cargo del servicio del tren Sarmiento.
El juez así lo decidió al decretar la clausura de la investigación y rechazar los pedidos de sobreseimiento de los dos exfuncionarios.
A De Vido se le imputa el no haber controlado- mientras era el ministro de Planificación y el área de trasporte estaba bajo su dominio- el modo en que la firma TBA llevó adelante la explotación del ferrocarril hecho que provocó que los trenes siguieran en funcionamiento a pesar del deterioro y los problemas de seguridad que implicaban para los pasajeros.