Juzgarán a un juez de faltas por levantar la clausura de un prostíbulo "en tiempo récord"

El caso ocurrió en La Pampa. Se trata del magistrado Sebastián Sancho, de la Municipalidad de General Acha, quien será juzgado por el delito de "violación de los deberes de funcionario público" ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Un juez de faltas pampeano será sometido a juicio oral acusado de haber levantado “en tiempo récord” y “sin el menor recaudo legal” la clausura preventiva de un prostíbulo tras un allanamiento en el que se había constatado la presencia de mujeres que eran explotadas sexualmente, informaron ayer fuentes judiciales.

Se trata del magistrado Sebastián Sancho (40), de la Municipalidad de General Acha, quien será juzgado por el delito de “violación de los deberes de funcionario público” ante el Juzgado Federal de Santa Rosa.

Fuentes judiciales informaron a Télam que a pedido de la fiscal federal Adriana Zapico, también serán sometidos a juicio la presunta dueña del prostíbulo, identificada como Marta Arminda Silva (45), y su hijo Carlos Raúl Silva (25); ambos imputados de “trata de personas con fines de explotación sexual”.

La causa se inició el 8 de noviembre de 2011 luego de un allanamiento y clausura del local nocturno El Delfin, ubicado en el kilómetro 27,5 de la ruta provincial 152, en General Acha, unos 100 kilómetros al sudoeste de Santa Rosa, La Pampa.

De acuerdo con las fuentes, en esa oportunidad se constató la presencia de dos mujeres, una de nacionalidad paraguaya y la otra argentina; aunque a través de otros hechos se determinó que también había, al menos, cuatro más oriundas de la provincia de Misiones.

Además, durante el procedimiento se encontraron preservativos, libretas sanitarias y una habitación aledaña a la que se podía ingresar a través de una puerta de reja y que tenía un colchón en el suelo y un recipiente con profilácticos usados.

La primera fiscal que tuvo la causa, Marta Odasso, dispuso la clausura del local pero el entonces juez Sancho levantó esa medida por entender que “no se había cometido falta alguna”.

“Esa actuación resultó abusiva, ya que al dictar una resolución carente de todo tipo de fundamentación por la que (el acusado) levantó una clausura en tiempo récord –en menos de veinticuatro horas-, sin el mínimo recaudo legal y que había sido ordenada por una funcionaria judicial en el marco de sus atribuciones y en una causa donde se había acreditado prima facie la ocurrencia de graves delitos, termina por dar cuenta, a esta altura procesal, que la acción cometida por el imputado se llevó a cabo a sabiendas de la contrariedad del acto”, señaló el auto de elevación a juicio.

Según el requerimiento, en junio de 2012, en el local se registraron agresiones y golpes que sufrió una de las víctimas que era explotada y que habrían sido propinadas por un “cliente” que se encontraba en el lugar.

En este caso, la joven atacada realizó una denuncia en la que detalló que se encontraba en el lugar junto a otras cuatro mujeres “alternadoras”, por lo que la fiscalía dispuso un nuevo allanamiento en el lugar y en el domicilio particular de la dueña para el 16 de junio de ese mismo año.

En la vivienda de la mujer fueron encontrados tres hombres, entre los cuales se encontraba el hijo de la dueña del prostíbulo, mientras que en el boliche se encontraban presentes la encargada y dos víctimas.

Además, se logró el secuestro del denominado “libro de pases”, libretas sanitarias y talonarios dentro de un recipiente con anotaciones de nombres de pila femeninos.

A su vez, en la misma causa hubo dos funcionarios públicos investigados: María Elena García y Luis Javier Bassa, quienes se desempeñaban como intendenta de la ciudad de General Acha y exsecretario de Gobierno del municipio, respectivamente; y ambos fueron sobreseídos.

Esta decisión fue apelada por el fiscal de instrucción de ese momento, Juan Baric; sin embargo, en febrero de 2015, la Cámara Federal de Apelaciones confirmó la medida hasta que en agosto de 2016 se declaró extinguida la acción penal por prescripción respecto de ellos, quienes se encontraban acusados del delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Esta no es la única vez que en la provincia de La Pampa hubo un intendente mencionado en una expediente judicial por hechos de similares características vinculados a la trata de personas.

En junio pasado, el actual jefe comunal de Lonquimay, Luis Rogers, fue condenado a cinco años de prisión y en 2013, el por entonces edil de Colonia 25 de Mayo, David Bravo, recibió una pena de siete meses en suspenso.

Mientras que el intendente de Macachín, Jorge Luis Cabak, y el excomisario local serán sometidos a juicio oral como acusados de brindarle protección a una banda dedicada a la trata de personas en un prostíbulo.

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