Mientras Pablo Grillo sigue en la pelea por recuperarse del disparo que recibió en la cabeza nueve meses y medio atrás en la marcha de los jubilados que tuvo apoyo de las hinchadas de fútbol, la Sala II de la Cámara Federal confirmó que fue el cabo Héctor Jesús Guerrero quien le apuntó a sabiendas de que una granada de gas lacrimógeno dirigida al cuerpo puede hasta causar la muerte.
En un fallo unánime, el tribunal confirmó el procesamiento del gendarme por lesiones gravísimas y por abuso de armas reiterado en otras cinco oportunidades, ya que hay registros de que repitió todas esas veces esa forma de tirar, horizontal y por ende antirreglamentaria. También fue confirmado, por mayoría, el procesamiento del prefecto Sebastián Emanuel Martínez, acusado de dispararle –del otro lado de la Plaza Congreso-- a Jonathan Navarro, un hincha de Chacarita que perdió buena parte de la visión de un ojo.
Ambas sentencias dejan en evidencia el valor de las filmaciones e imágenes aportadas desde distintos ámbitos: canales de televisión, particulares, fotógrafos y el Mapa de la Policía. En el caso de este último colectivo, además, sumó un análisis pericial detallado de la trayectoria del proyectil que hirió a Grillo, que coincide –aunque brinda más detalles—con la esencia de la pericia balística que hizo la Policía de la Ciudad, que ubicaba al fotógrafo a 47 metros de la fila de gendarmes y señalaba que el tiro no había sido oblicuo ni hacia arriba ni hacia abajo. Todos aquellos huecos o dudas que dejó el estudio de la fuerza porteña, terminaron esclarecidos como en un rompecabezas por las imágenes y relatos aportados. Incluso Gendarmería admitía la autoría de Guerrero, aunque trataba de culpar a Pablo y decir que fue un “hecho fortuito”.
LAS MENTIRAS DE BULLRICH
El fallo que confirma el procesamiento de Guerrero tiene un voto de Martín Irurzun y Eduardo Farah, que se centra en la autoría y la violación a las reglas de uso de armas menos letales, y otro de Roberto Boico que avanza sobre otros dos aspectos: dice que hay que investigar las responsabilidades de “las autoridades a cargo del operativo” de aquel 12 de marzo y, además desarrolla consideraciones sobre el derecho a la protesta en el sistema internacional de derechos humanos, cuya limitación –resalta—no pueden ser la regla sino apenas la excepción.
La resolución, en el caso de Guerrero, confirma el embargo de 203 millones de pesos. Para el prefecto Martínez, es de 93 millones. En este caso Farah votó en disidencia, por su falta de mérito.
Ambos textos son demoledores no sólo para el gendarme y el prefecto sino frente a las mentiras que buscó imponer la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, quien hasta había dicho que Pablo Grillo estaba preso cuando se hallaba en terapia intensiva del Hospital Ramos Mejía peleando por su vida, además de buscar justificar el accionar violento de los agentes y de decir que Guerrero había respetado los reglamentos.
Fuente: Página 12