La Fiscalía pidió 4 años de prisión efectiva para Reyna

El exdelegado local del IPV, Abel Reyna, es juzgado por los delitos cometidos durante su gestión. Para la Fiscalía a lo largo del debate se pudo probar la responsabilidad penal de Reyna. Por su parte, el defensor Guillermo Iglesias cuestionó la prueba llevaba a juicio, descalificó a los testigos.

El juicio oral y público contra Abel Reyna concluyó hoy con los alegatos de las partes y en ese marco la fiscal general, Camila Banfi, solicitó que el acusado sea declarado penalmente responsable de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal con falsedad ideológica; exacciones ilegales en concurso ideal con falsedad ideológica; cohecho pasivo, por favores sexuales a cambio de una unidad habitacional; cohecho activo 4 hechos e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

A entender de la fiscal, a lo largo del debate se pudo probar con testigos y documentación pertinente la responsabilidad penal de Reyna en cada uno de los delitos que formaron parte de la acusación y en razón de ello solicitó a la presidente del tribunal unipersonal, Mónica García, que lo condena a una pena de 4 años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

A su turno, el defensor Guillermo Iglesias cuestionó la prueba llevaba a juicio, descalificó a los testigos de la Fiscalía y advirtió una violación del principio de congruencia. En su extensa exposición, además, atribuyó las máximas responsabilidades al expresidente del IPV, Ricardo Trovant y al exgobernador, Martín Buzzi, requiriéndose la absolución de su asistido.

Se debe saber que a Reyna se lo acusa por haber cometido fraude para beneficiar a determinadas personas con la adjudicación de viviendas, así como de haber percibido coimas y también de pedirle favores sexuales a una mujer, madre de un chico discapacitado.

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