La investigación por la muerte de Rafael Nahuel comenzó con complicaciones

El juez federal de Bariloche, Gustavo Villanueva, suspendió la inspección en el lugar de la muerte de Rafael Nahuel, argumentando que no contaba con personal de seguridad suficiente porque la mayoría estaba abocado a la Cumbre del G-20 que culminó ayer en esa ciudad. Mientras, el grupo de 20 efectivos del Grupo Albatros de Prefectura Naval que participó del violento desalojo de hace siete días en Villa Mascardi, donde el joven mapuche fue asesinado de un tiro por la espalda, ya regresó a su base de la localidad bonaerense de San Fernando pese a que restan pericias.

El comienzo de la investigación para determinar a los responsables del asesinato de Rafael Nahuel, quien murió el 25 de noviembre después de recibir un disparo por la espalda durante un operativo de desalojo que ejecutó el Grupo Albatros de Prefectura en Villa Mascardi, presenta complicaciones.

Es que el juez federal Gustavo Villanueva suspendió la inspección ocular de la comunidad Lawken Winkul Mapu debido a que “tomó conocimiento por medio de las redes sociales” que “no todos los ocupantes del predio permitiría el ingreso”. Esto generó que el magistrado suspendiera el procedimiento clave para determinar en el terreno cuál fue la actuación de los efectivos de seguridad, se rastree la presencia de vainas, se analice el impacto de las balas en los árboles, entre otros puntos claves.

La inspección ocular había sido solicitada por la querella para mejorar la situación de los jóvenes mapuches Fausto Jones Huala y Lautaro González, imputados en la causa caratulada “NN s/muerte dudosa”.

Además, Villanueva aseguró que no contaría con el número de efectivos de las fuerzas federales suficientes, por estar abocados a la seguridad del encuentro del G20, que finalizó ayer en el Hotel Llao Llao.

En consecuencia, el juez aseguró, mediante un escrito, que “al día de la fecha aún no se encuentra asegurada –en su totalidad– la integridad física de las personas que deban intervenir en la diligencia, motivos por los cuales no la he encomendado hasta el momento”. Otra de las complicaciones de la investigación es la baja cantidad de muestras para los barridos electrónicos de restos nitrados en las manos de los integrantes del grupo Albatros que participaron de la represión debido a la falta de las cintas de carbono necesarias durante las primeras pericias. En consecuencia, el encargado de realizar un nuevo barrido electrónico de restos nitrados sobre las cintas de carbono tomadas en ocasión de las primeras pericias será el Centro Atómico Bariloche.

Según Página 12, ni la Unidad Regional Tercera de Bariloche de la Policía rionegrina, ni el Ministerio Público Fiscal, ni el Escuadrón 34 de Gendarmería con asiento en esa ciudad, contaban con la cantidad necesaria de esos elementos al momento de realizar las primeras pericias.

MAS COMPLICACIONES

También hay que tener en cuenta que los registros de video y fotografías del operativo de Prefectura fueron tomados por personal del Escuadrón 34 de Gendarmería. Es por eso que Villanueva solicitó al Grupo Criminalística y Estudio Forense de ese escuadrón que realice la desgrabación lo más rápido posible. Además, las abogadas que representan a la familia del joven asesinado pretenden la obtención lo más rápido posible de ese material, para ver si es factible determinar qué prefectos dispararon y desde dónde.

Por otro lado, el magistrado encomendó al perito balístico Roberto Nigris que realice un “amplio informe acerca de lo relevado en la autopsia”, para determinar el lugar del orificio de ingreso de la bala 9 milímetros, y la trayectoria del proyectil en el cuerpo, con el objetivo de determinar distancia y orientación del disparo.

Asimismo, Villanueva solicitó comparar el proyectil recuperado en el cuerpo de Rafael con la vaina que Fausto Jones Huala llevaba en un bolsillo, y que, según explicó al juez, levantó para presentar como prueba del asesinato de Nahuel. Esa misma vaina será cotejada con las armas de los prefectos secuestradas.

Otra de las decisiones que causó revuelo fue que el juez decidió que los veinte hombres del Grupo Albatros, que participaron del sangriento desalojo, regresaran a la localidad bonaerense de San Fernando.

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