La Justicia comercial decretó la quiebra de la cadena de electrodomésticos Garbarino luego de que fracasaran las instancias previstas para intentar su recuperación financiera. La resolución fue firmada el 4 de marzo por el juez Fernando D'Alessandro, titular del Juzgado Nacional en lo Comercial N°7.
El magistrado determinó que no se reunieron las condiciones necesarias para continuar con el concurso preventivo iniciado en 2021. Según consta en el expediente, la empresa no consiguió las mayorías requeridas entre los acreedores para aprobar una propuesta de pago y tampoco prosperó el proceso de salvataje que permitía a terceros presentar un plan para hacerse cargo de la compañía.
En ese marco, el juzgado aplicó lo establecido en los artículos 48 y 77 de la Ley de Concursos y Quiebras y dispuso la apertura del proceso falencial. La única firma que se había inscripto en el registro de interesados, la financiera Vlinder, no llegó a presentar una propuesta formal de reestructuración.
Con la declaración de quiebra, la empresa queda apartada de la administración de sus bienes, que pasan a ser gestionados por la sindicatura designada por el tribunal. A partir de ahora se iniciará el relevamiento de activos y el eventual proceso de liquidación para afrontar, en la medida de lo posible, las deudas con acreedores.
La resolución judicial también mantiene la inhibición general de bienes y ordena notificar a distintos registros públicos —como los de propiedad inmueble, automotor y marcas— para detectar activos a nombre de la firma. Además, la medida alcanza a la provincia de Tierra del Fuego debido a la participación accionaria de Garbarino en las empresas Tecnosur S.A. y Digital Fueguina S.A., vinculadas al sector electrónico.
El tribunal dispuso además la inhabilitación comercial de los directivos de la compañía, entre ellos su presidente Carlos Rosales, la vicepresidenta María Marta Facio y el director Gabriel Rosales. Los tres tampoco podrán salir del país, al menos hasta octubre de 2026, cuando se prevé la presentación del informe general de la sindicatura.
Otra de las medidas adoptadas fue la intervención sobre los locales que aún figuraban vinculados a la empresa. El juzgado ordenó constatar y eventualmente clausurar tres puntos de venta ubicados en la avenida Cabildo, en el barrio porteño de Belgrano; en la calle Uruguay, en el centro de la Ciudad de Buenos Aires; y un outlet en Almagro. Para el relevamiento de bienes, la sindicatura quedó habilitada a solicitar asistencia de la fuerza pública.
En paralelo, se abrió el proceso de verificación de créditos para que bancos, proveedores, exempleados y otros acreedores presenten sus reclamos. El plazo para iniciar ese trámite vence el 24 de junio de 2026, mientras que los informes de la sindicatura deberán presentarse entre agosto y octubre.
Fundada en 1951, Garbarino llegó a convertirse en una de las principales cadenas de electrodomésticos del país, con más de 300 sucursales, presencia industrial en Tierra del Fuego y más de 5.000 empleados en su momento de mayor expansión. La empresa también operó otras marcas del sector como Compumundo y Garbarino Viajes.
En los últimos años la compañía atravesó un fuerte deterioro financiero que derivó en el cierre de la mayoría de sus locales y en una fuerte reducción de su estructura. Tras la venta de la firma en 2020 al empresario Carlos Rosales, se intentó implementar un plan de recuperación que no logró revertir la situación.
Según los informes presentados en el expediente, al momento de la resolución la empresa contaba con menos de 20 empleados, tres locales vinculados y un nivel de actividad mínimo. Con la quiebra ya declarada, se abre ahora la etapa de liquidación judicial para determinar el patrimonio disponible y el pasivo final.