Ladrón deberá pagar 10 mil pesos a merenderos o será sometido a juicio oral

Un joven de Rawson que produjo un robo y dos hurtos y que ahora realiza un tratamiento para recuperarse de adicciones, deberá donar 10.000 pesos a merenderos de Rawson y durante tres años deberá cumplir con pautas de conductas, además de presentarse periódicamente a la Oficina Judicial de la capital de la provincia para justificar su presencia en la zona.

El acuerdo entre los acusadores y la defensa del imputado, fue homologado en una audiencia por la jueza de garantías Karina Breckle mediante la aplicación de la figura legal de “suspensión de juicio a prueba”. La magistrada le advirtió al imputado G.L.G.C. que si no cumple lo acordado, podría ser sometido a un juicio oral y en caso de ser hallado culpable, cumplir una pena de encierro.

La audiencia de homologación del acuerdo, tuvo una instancia que fracasó al no presentarse el imputado. Debió intervenir la Policía provincial y capturarlo, tras habérsele dictado la rebeldía. La representante del Ministerio Público Fiscal, la funcionaria de fiscalía Patricia Cárcamo, dio detalles de los tres delitos que protagonizó el imputado, un robo y dos hurtos, todos delitos con penas menores en el Código Penal.

En el primero de los casos se trató del ingreso a un domicilio de un vecino que reside en cercanías de la Unidad 6 de Rawson. Allí el imputado dañó una puerta y se llevó varios electrodomésticos. Se cree que aprovechando que en la casa no había moradores, realizó varios viajes con el botín. Tras la advertencia que realizó un vecino, algunos de los electrodomésticos fueron abandonados por el ladrón. Otros se recuperaron en un allanamiento. Para la víctima N.M. otros tantos no aparecieron. Al momento de pedírsele su consentimiento para que el imputado no vaya a juicio oral, la víctima del ilícito expresó su desacuerdo y pidió un resarcimiento económico de 150.000 pesos por los elementos que dijo también le fueron robados, y que no aparecieron.

La representante del Ministerio Público Fiscal consideró esta suma desmedida en función de las posibilidades económicas del imputado, que además de estar realizando un tratamiento contra adicciones, tiene dificultades para reinsertarse en el mercado laboral. “Tampoco existe condicionamiento de orden público que impida la aplicación del juicio abreviado”, dijo la doctora Cárcamo. Con el acuerdo de la Defensa Pública representada por Pablo Sánchez, se acordó que el imputado abone 10.000 pesos en el plazo de 6 meses que serán destinados a entidades de benéficas de Rawson, según el listado que posee la Oficina Judicial capitalina. Las otras dos víctimas de sendos hurtos estuvieron de acuerdo.

La jueza Breckle homologó el acuerdo entre las partes y resalto, coincidiendo con la Fiscalía, en que el plazo de tres años en que el imputado deberá cumplir pautas de conducta es el máximo establecido para la aplicación de la suspensión de juicio a prueba. También en su resolución consideró el acuerdo “razonable”, que lo pedido por la víctima del robo es de “imposible cumplimiento” destacando además que en el robo y los dos hurtos que cometió, “no ejerció violencia contra las personas”.

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