El 11 de marzo de 1973 marcó un punto de inflexión político en Comodoro Rivadavia. En aquellas elecciones, el Frente Justicialista de Liberación se impuso en las urnas y consagró al contador Alberto Lamberti como intendente, en los primeros comicios sin restricciones. Nacido en Junín, simpatizante de Vélez y de Petroquímica, su gestión quedó abruptamente interrumpida tres años después.
La madrugada del golpe de Estado de marzo de 1976 modificó su destino. Según recordó años más tarde, a las 5:30 recibió el llamado del jefe del Regimiento 8 de Infantería, quien le informó que las Fuerzas Armadas tenían órdenes de ocupar las dependencias gubernamentales. Camino a la Municipalidad, observó un fuerte despliegue militar. En su despacho lo esperaba el general Corbetta, con quien mantuvo un breve y tenso intercambio antes de dejar el cargo.
Tras la intervención, la administración municipal quedó en manos de funcionarios designados por la dictadura. Manuel Morelli asumió en 1976, seguido por Rodolfo Funes, Mario Adalberto Provedo, Antonio Pablo de Diego y, finalmente, Roberto Pascual Die.
En ese contexto, la ciudad no permaneció ajena al denominado Proceso de Reorganización Nacional. Entre el 15 y el 19 de octubre de 1976, 352 personas —entre dirigentes sindicales, estudiantiles y políticos— fueron detenidas en operativos que alcanzaron una magnitud poco habitual para una localidad alejada de los principales centros del país.
El propio Lamberti fue arrestado en agosto de 1977 y trasladado a la Comisaría Primera de Rawson, donde permaneció hasta diciembre. Años después, evocó el impacto de regresar a la capital provincial como presidente del Banco Provincia y encontrarse con una oficina que daba al mismo lugar donde había estado detenido. También describió las distintas situaciones de los presos políticos de la época, desde los desaparecidos en centros clandestinos hasta quienes, como él, permanecían en cárceles públicas.
En sus recuerdos, mencionó a otros dirigentes que atravesaron persecuciones, entre ellos Manuel Cardo, Mario Morejón y Aníbal Sassi, así como a Trevisán y Pereyra. También aludió a los casos de Mario Abel Amaya y de Hipólito Solari Irigoyen, a quienes señaló como víctimas de graves padecimientos.
Sobre el clima social de aquellos años, Lamberti sostuvo que el impacto del golpe no se percibió con la misma intensidad que en otros puntos del país, en parte por la falta de información. Según su mirada, la población local no evidenciaba un temor generalizado.
En una evaluación crítica, consideró que el Proceso tuvo un sesgo “antisocial” y cuestionó la contradicción entre el discurso de las Fuerzas Armadas y sus prácticas. También reflexionó sobre la relación histórica entre el peronismo y el ámbito militar, subrayando que, pese a los intentos de integración, no lograron interpretar ese proyecto político.