Larreta compró barbijos a una "sociedad fantasma"

La Inspección General de Justicia (IGJ) sostiene que una empresa que ganó contratos por US$330.903 con el Ministerio de Salud porteño sería una fachada interpuesta para ocultar a los verdaderos ganadores del negocio.

La Inspección General de Justicia (IGJ) resolvió declarar a uno de los proveedores de barbijos del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires como “sociedad de actividad ilícita” y ordenó solicitar judicialmente su disolución y liquidación, según el documento oficial al que accedió Perfil.

Se trata de la empresa Grupo DVU SAS, adjudicada con dos compras directas de 210 mil barbijos tricapa por $22.630.000, equivalentes a US$330.903 (al valor del dólar oficial al momento de las transacciones), según las publicaciones del Boletín Oficial porteño.

Para el organismo fiscalizador, la empresa sería una fachada para ocultar a los verdaderos ganadores del contrato, según la resolución. Entre marzo y junio, el gobierno porteño adquirió al menos 15 millones de barbijos tricapa por $713.472.200 (US$11.087.224), según una investigación de Perfil y el Programa Lupa.

Estos tapabocas están destinados a prevenir el contagio de COVID-19 en el personal de los hospitales. El barbijo tricapa más costoso fue el adquirido a Grupo DVU SAS, que actuó como intermediaria, ya que no fabricó los barbijos que entregó. La empresa ofertó $108 la unidad (alrededor de US$1,60, al momento de la compra).

El inspector general de Justicia, Ricardo Nissen, argumentó que esta empresa ganó un contrato millonario con la Ciudad en plena pandemia pero carecía “de actividad a partir de su inscripción”, en julio de 2018, y la calificó como una “sociedad fantasma”, “carente de responsabilidad patrimonial y capacidad económica propia para una operación como la celebrada” con el ministerio de Salud de la Ciudad.

Grupo DVU había informado que su capital social inicial era de apenas $19.000. Pero el negocio con la Ciudad le permitió cobrar de manera directa $22.630.000.

La IGJ intentó notificar a la compañía el 5 de agosto pero en el domicilio legal respondieron que no conocían a la empresa, según consta en la resolución del organismo.

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