Jonathan Fierro contaba con seis sentencias condenatorias, de las cuales cinco habían sido de cumplimiento efectivo. Mientras, Walter Mansilla registraba dos suspensiones de juicio a prueba, una conciliación y una reparación. A pesar de ello, la jueza de Trelew, María Tolomei les había concedido la posibilidad de realizar tareas comunitarias en vez de ir a juicio por un nuevo delito que habían cometido contra la propiedad.
Tras la oposición presentada en audiencia por la procuradora fiscal, Silvana Lagarrigue, y posteriormente la presentación de la impugnación extraordinaria por parte de la fiscal jefe de Trelew, Silvia Pereira, contra la resolución de Tolomei, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) del Chubut resolvió revocar el fallo y ahora los dos imputados que por el delito de hurto iban a realizar tareas comunitarias, deberán afrontar un juicio oral y público.
La revocación estuvo a cargo por unanimidad por los integrantes de la Sala Penal del STJ, Camila Banfi Saavedra, Alejandro Panizzi y Daniel Báez.
Fierro y Mansilla en los últimos años ya se habían beneficiado por el instituto de la “conciliación”, a pesar de la oposición en este caso de la Fiscalía representada por la fiscal Pereira.
Al impugnar el fallo de Tolomei, se destacó que ninguno de los dos imputados podían considerarse “agentes primarios” (autores de un primer delito) porque contaban con varias sentencias condenatorias o habían sido beneficiados con salidas alternativas. Los numerosos antecedentes delictivos de ambos “demostraba que no internalizaban los mandatos legales ni sociales”, indicaba la impugnación de la Fiscalía de Trelew con la que estuvieron de acuerdo los ministros del STJ.
Para los jueces Banfi, Panizzi y Báez, la resolución de Tolomei “invadía facultades propias y exclusivas del acusador público (fiscales) en la administración de la acción penal” y además “soslayaba los antecedentes de esta Sala Penal”; es decir fallos anteriores del Superior Tribunal de Justicia.
Los tres magistrados coincidieron además en afirmar que “la doctora Tolomei se apartó de las normas que rigen la materia, lo que amerita la revocación” de su resolución.
También pidieron a los jueces en general que eviten un “dispendio (un gasto excesivo, desproporcionado de dinero o bienes materiales y recursos humanos) innecesario y acaten la doctrina legal de la Sala Penal, salvo que traigan nuevos argumentos”.