Mientras hasta la semana pasada eran solo dos los actores en el conflicto docente, con la Regional Sur de ATECh por un lado y el Ministerio de Educación por el otro, los padres también alzaron la voz en defensa del derecho de sus hijos a ser educados, en una ciudad donde hay escuelas que aún no han retomado las clases después de las vacaciones de invierno, a lo que deben añadirse además los días perdidos en el primer semestre. Fiscalía, Oficina de Derechos y Garantías y Defensoría del Pueblo son las tres esferas a las que acudieron los padres en busca de alguien que defienda a los chicos.
Un grupo de padres autoconvocados de la Escuela 13 se convirtió en noticia la mañana del jueves cuando en defensa del derecho de sus hijos a la educación, decidieron bloquear el ingreso de los docentes al establecimiento. No dejamos pasar a los docentes porque queremos que la corten con las asambleas. Estamos cansados de esto porque vienen, dan el presente, pasan el parte de que están cumpliendo con sus horarios y cobran, pero los chicos no tienen clases, había explicado ese día una de las voceras del grupo, al fundamentar la medida que levantaron el viernes.
El grupo se reunió esa misma jornada con la titular de la delegación comodorense de la Defensoría del Pueblo de la Provincia, María Cristina Sotomayor, quien les informó que esa Oficina ya interviene de oficio -no solo por esa escuela puntual sino por la situación en general en la ciudad- y brindó orientación sobre los pasos a seguir.
POR SUS HIJOS
"No bajamos los brazos ni cambiamos la postura, sino que ahora queremos actuar desde el ámbito legal, explicó una de las madres consultadas por El Patagónico que ayer completó la presentación de documentación que le solicitó el Ministerio Público Fiscal, donde inició acciones en el marco de una medida autosatisfactiva.
Patricia Aranda es la fiscal interviniente, en una esfera a la que son varios los padres que concurrieron en busca de asesoramiento e información, en busca de la restitución del derecho a la educación de sus hijos. Así, es más de un caso el que originó el inicio de un procedimiento concreto desde esa esfera.
No obstante, otro grupo de padres apeló a la intervención de la Oficina de Derechos y Garantías de la Niñez, en función de que al contar con determinado nivel de ingresos quedan exentos del asesoramiento gratuito de Fiscalía y deben abonar un letrado de modo particular. Mientras, en línea paralela y como ya se mencionó, la Defensoría del Pueblo también interviene de oficio en el tema, con lo que suman tres las esferas que tomaron acción en el tema.
El caso de la Escuela 13 es el que se tornó más visible en los últimos días, luego de que los padres bloquearan el ingreso de maestros a la institución en la que 17 de los 18 docentes se mantienen en asambleas y las clases nunca comenzaron tras el receso invernal. Sin embargo, hay más casos en otros establecimientos educativos de la ciudad que integran la lista de demandantes por la restitución del derecho a la educación de sus hijos.