Marcela Pagano se opuso a que el fiscal Gerardo Pollicita dictaminara que no encuentra enriquecimiento ilícito en las cuentas de Manuel Adorni y pidió que se amplíe la denuncia contra el ex jefe de Gabinete, a raíz de los gastos de su esposa, Bettina Angeletti, que informa el Banco Central (BCRA).
Según la documentación que presentó la legisladora en sede judicial, Angeletti acredita gastos en su cuenta del Banco Galicia que van de los 13 a los 18 millones desde que Adorni presentó su renuncia, entre junio y septiembre pasados. "Solicito que la denuncia se tenga por ampliada respecto de Bettina Julieta Angeletti, en su carácter de posible persona interpuesta para disimular el enriquecimiento y que se dispongan las medidas de prueba", planteó.
Además, Pagano reclamó que el juez Ariel Lijo rechace el dictamen de Pollicita y "mantenga la investigación", "revoque la delegación" en el fiscal y reasuma "la dirección de la instrucción". "Ese dictamen, lejos de agotar la investigación, la abandona en el punto exacto en que debía profundizarse", expresó.
Y por otra parte, pidió que intervenga la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para continuar con la causa.
En efecto, un juez le dijo a LPO este viernes que el dictamen sobre Adorni "merece inmediata atención de la PIA". "El estándar relativo a enriquecimiento ilícito en Comodoro Py, cuanto menos por el delito de omisión maliciosa, es decidida y dominantemente contrario a la renuncia del fiscal a acusar", argumentó.
A partir de la información recogida por el BCRA, Pagano denunció que en junio Angeletti registró ingresos por $ 13.863.000, en julio $ 13.466.000; en agosto 13.325.000 y en septiembre $ 18.000.000. "Entre junio y septiembre de 2026 los saldos informados por el Banco Galicia a nombre de Angeletti suman $ 58.654.000, con un promedio de $ 14.663.500 mensuales, y el último período disponible -septiembre de 2026- registra el máximo de la serie: $ 18.000.000", precisó.
La sospecha de la legisladora se basa en que "el propio dictamen fijó, para el período tomado como base del cotejo patrimonial, ingresos lícitos por $ 229.752.283,20 para el período que fue del 14 de diciembre de 2023 al 27 de junio de 2026". La cuenta que hace es que esa suma, dividida por 30 meses, "arroja un promedio inferior a $ 8.000.000 mensuales para ambos cónyuges", pero ahora "los saldos informados a nombre de uno solo de ellos, en un solo banco, duplican ese promedio en septiembre de 2026 y lo superan holgadamente desde junio".
Pagano advierte que esto "ocurre precisamente cuando Manuel Adorni ya había cesado en el cargo (27 de junio de 2026) y, con él, en la percepción de su remuneración como Jefe de Gabinete de Ministros". "Los saldos informados pasan de $ 3.925.000 en abril y $ 5.306.000 en mayo de 2026 a $ 13.863.000 en junio -el mes en que Adorni presentó las declaraciones juradas rectificativas (10 de junio) y renunció (27 de junio)- y a $ 18.000.000 en septiembre, el mes en que su defensa presentó la justificación patrimonial (20 de septiembre)", completa.
La diputada aclara que no afirma "una relación causal" pero plantea que "son hechos que la investigación debe explicar, y que el dictamen no explica porque no los conoce: su cotejo patrimonial se detiene en el período investigado y no abarca los meses posteriores al cese, pese a que el tipo penal los comprende expresamente".
Entre junio y septiembre de 2026 los saldos informados por el Banco Galicia a nombre de Angeletti suman $ 58.654.000, con un promedio de $ 14.663.500 mensuales, y el último período disponible -septiembre de 2026- registra el máximo de la serie: $ 18.000.000.
Para justificarlo, apela al artículo 268 del Código Penal, que abarca el enriquecimiento "ocurrido con posterioridad a la asunción de un cargo o empleo público y hasta dos años después de haber cesado en su desempeño".
En su presentación, la ex libertaria también subrayó que "el dictamen constató que el lote 380 del Country Indio Cuá fue inscripto a nombre exclusivo de Bettina Angeletti y luego expuesto en partes iguales, que los honorarios notariales fueron facturados íntegramente a ella, que los pagos en efectivo al contratista fueron efectuados por "el matrimonio" y que terceros realizaron gastos por cuenta de ambos".
Por lo demás, objeta que el fiscal hubiera invertido el sentido de "la carga de la justificación razonable", que corre por cuenta del funcionario en una investigación por enriquecimiento ilícito. "Lo que el Estado debe probar es el incremento apreciable y la desproporción con los ingresos legítimos, extremos que aquí están acreditados por el propio dictamen", subraya.
Esa preocupación se funda en que Pollicita parece haber confundido el derecho de defensa para explicar o justificar ante el requerimiento patrimonial con que "la versión del requerido no pueda descartarse", vaciando el tipo penal. "Todo funcionario con dólares de origen desconocido podría invocar ventas de criptoactivos concertadas en efectivo, entre particulares, con contrapartes no identificadas, a precios indeterminados, una década atrás. Nadie podría refutarlo. Y ese es, exactamente, el relato que el dictamen ha dado por suficiente", plantea Pagano de forma lapidaria.