Caleta Olivia (agencia)
Hasta avanzada la tarde de ayer, el Ministerio de Trabajo no había confirmado si enviaría veedores, tal como ocurrió en otra masiva asamblea general que tuviera lugar el 12 de diciembre cuando los afiliados aprobaron por unanimidad escindirse de la Federación Argentina de Petróleo, Gas Privado y Biocombustible.
En tanto, la Unidad Regional de Policía Zona Norte emitió un comunicado de prensa indicando que se adoptará un operativo de seguridad que incluye la suspensión de clases en cuatro establecimientos educativos que funcionan en las inmediaciones del Estadio.
Cabe señalar que los dirigentes cuestionados son Fernando De Souza, Claudio Cariñanco y Gustavo Gatica, quienes se desempeñaban en los cargos de secretario gremial, protesorero y vocal, respectivamente. Eran los principales responsables de la seccional Río Gallegos y fueron acusados de "comportamientos desleales" que afectaron "la credibilidad y el prestigio del gremio".
Puntualmente, se les atribuye el delito de extorsión a empresas de servicio, principalmente de aquellas vinculadas al transporte de operarios. También se los acusa de haber intentado crear un sindicato paralelo.
El martes, más de 150 delegados que se reunieron en Pico Truncado avalaron la destitución y al día siguiente también lo hicieron integrantes de la mesa de conducción encabezada por el secretario general, Claudio Vidal, pero la decisión final depende de la masa de afiliados que se desempeñan en todos los yacimientos de la provincia.
SERIAS IMPUTACIONES
Al respecto, Claudio Vidal expresó ayer que "esta institución ha sido dañada durante todos estos años por la cantidad de traidores, con todas las letras, que se han dedicado a perjudicar una conducción. Es lamentable que justamente ahora, que estamos tratando de trabajar de otra forma, exista gente que quiera voltear una comisión directiva".
Al mismo tiempo sostuvo que "todos los trabajadores debemos decirle al Ministerio de Trabajo que no queremos una nueva intervención por culpa de algunos que están tratando de boicotear a esta comisión directiva ya que saben que un sindicato que se interviene por tercera vez pierde su personería gremial".
Para avalar sus dichos, confirmó que hace pocos días presentó una denuncia formal en el Juzgado de Instrucción N° 2 de Caleta Olivia contra el ex secretario gremial por el delito de "tentativa de extorsión".
Fue patrocinado por el abogado Edgardo Fabián Edelcopp y dejó asentado que entre los meses de mayo y julio de 2014, De Souza habría presionado al socio gerente de la empresa de transporte de pasajeros DM Servicios Petroleros, Martín Michelena, a entregarle "una colaboración de 30 mil pesos mensuales para que la empresa pueda mantener su trabajo".
Precisó además que "debido a que Michelena no accedió a darle el dinero solicitado al dirigente gremial, ya que sabía que dicho pedido era un acto ilegítimo y no correspondía", dicha empresa sufrió la desafectación de uno de los equipos fijos (SAI-250) con los cuales realizaba el traslado del personal de la empresa San Antonio Internacional SA.
VEEDORES
Por su parte, en declaraciones formuladas ayer a la FM local "Frecuencia Patagonia", De Souza dijo que tenía conocimiento de que el Ministerio de Trabajo no enviará veedores a la asamblea que se convocó para este mediodía y que a más tardar el lunes declararía su nulidad.
Respecto a las imputaciones que se le hacen (al igual que a Cariñanco y a Gatica), comentó que cuando Michelena lo denunció de manera pública de haberlo "coimeado", ese empresario "tenía dos camionetas y después por varios meses se calló, no apareció y ahora tiene 17 de esos vehículos".
Por otra parte aseguró que personalmente no conoce al citado empresario y que a pesar de que le envió una carta documento, "nunca me contestó".