Pidieron prisión efectiva para la expresidente de la "Asociación Sarmientina de Automovilismo"

En el marco del juicio de cesura que se realizó contra la expresidenta de la "Asociación Sarmientina de Automovilismo", Daniela Molina, quien fuera condenada por administración infiel, la Fiscalía requirió una pena de 3 años y 6 meses de prisión efectiva, mientras que la Defensa Pública propuso 1 mes de prisión en suspenso. El lunes a las 8 se informará el veredicto.

Se debe recordar que el fallo emitido por el juez Daniel Pérez declaró la responsabilidad penal de la acusada, en orden al delito de administración infiel. En tanto, resultó absuelta de la imputación de fraude contra la administración pública.

La Fiscalía investigó los hechos ocurridos entre agosto de 2014 hasta mayo de 2015 cuando Daniela Molina y Violeta del Carmen Haro Díaz, en carácter de presidente y tesorera de la “Asociación Sarmientina de Automovilismo”, utilizando sus facultades de administración conforme a estatuto, percibieron la suma de 360 mil pesos por parte del Gobierno del Chubut.

Estos fondos estaban destinados a la obra denominada “Convenio de Infraestructura Construcción Sede Social”. Según los investigadores, la totalidad de ese dinero no fue destinada a las obras comprometidas.

Esta acción provocó un daño patrimonial a la asociación que representaban y además se violaron los deberes confiados.

El segundo hecho que se investigó se basó en el incumplimiento en el cual habría incurrido Daniela Molina. Por el cargo que ocupaba en la organización, estaba obligada a presentar documentación y rendiciones ante el Tribunal de Cuentas de la provincia de Chubut.

En este sentido, se explicó que los subsidios que otorga la Provincia están sujetos a la obligación de rendir cuentas ante el Tribunal de Cuentas, en el marco del Régimen de Asignación, Utilización y Rendición de Subsidios.

Los investigadores observaron un incumplimiento de rendición de cuentas ante las autoridades competentes por el subsidio destinado a la obra denominada “Convenio de Infraestructura–Construcción Sede Social”.

Para este proyecto, la Provincia otorgó 360.000 pesos y la responsable de la administración de esos fondos no rindió cuentas por la suma de 55.868 pesos. Además, tampoco habría subsanado las observaciones formuladas por el Tribunal de Cuentas por la suma de 137.729 pesos.

El organismo encargado del control de las cuentas del Estado provincial había requerido a Molina los comprobantes de notas de pedido, remitos, presupuestos, recibos sin membrete, recibos oficiales de la asociación que no acreditan pago alguno.

CESURA

En el juicio de cesura que se celebró para discutir el monto de la pena que deberá cumplir Molina, la fiscal Laura Castagno requirió la fijación de una pena, basada en la acreditación de la extensión del daño.

En este sentido, consideró que con su accionar Molina generó un daño económico a la asociación debido a la gran cantidad de deudas existentes con comercios y servicios.

También mencionó que a raíz de esta situación los dirigentes de la comisión actual no tienen la posibilidad de contar con un balance de 2015, ni solicitar nuevos subsidios para financiar obras. Finalmente, agregó que mantiene el pedido de tres años y seis meses de prisión más costas y accesorias legales.

Por su parte el abogado de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzún, pidió la pena mínima para el delito de administración infiel. Es decir un mes de prisión de ejecución condicional.

Tras escuchar a las partes, el juez pasó a deliberar y los convocó para el lunes a las 8, ocasión en la que dará a conocer el monto de la pena que deberá cumplir la condenada.

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