Por vencimiento de plazos, fue absuelto el intendente Balochi

El juez Jorge Novarino emitió la sentencia judicial en la que ordenó el sobreseimiento de Sebastián Balochi, Rubén Camarda y Daniel Miguens, en orden a los delitos por los que fueron oportunamente imputados por el Ministerio Público Fiscal.

El juez Novarino consideró que había transcurrido el plazo máximo de duración de la etapa preparatoria, sin que la fiscalía hubiera presentado en tiempo y forma la acusación pertinente. Asimismo, dejó constancia que el proceso “no afecta el buen nombre y honor del que hubieren gozado los funcionarios sometidos al procesamiento”.

Por su parte, la fiscal Laura Castagno presentó un pedido de impugnación extraordinaria peticionando la revocatoria de la resolución judicial emitida por Novarino. La investigadora requirió que su pedido sea elevado a la Sala Penal del Superior Tribunal para su tratamiento. También peticionó que las actuaciones sean remitidas a la oficina judicial de Sarmiento a los fines de que la causa continué según su estado.

En la sentencia emitida por Novarino se indica que el jueves 1 de abril de 2021 los abogados del Ministerio de la Defensa Pública, Gustavo Oyarzun y Marcelo Catalano –representantes legales de los imputados Balochi y Camarda- y la defensa particular a cargo del abogado Guillermo Klauber, en nombre de Miguens (ex asesor contable de la Municipalidad), presentaron escritos solicitando el sobreseimiento de sus defendidos.

Los abogados defensores sostuvieron que se encontraba vencido el plazo de investigación estipulado, sin que el Ministerio Público Fiscal presentara la pieza de acusación pública.

En lo sustancial, indicaron que desde la audiencia judicial celebrada el 29 de marzo, la parte acusadora sólo contaba con tres días para que el plazo venciera. En tal sentido, agregaron que a su entender el día 31 de marzo había finalizado el tiempo establecido.

Por otra parte, se informó que los funcionarios de la Oficina Judicial de Sarmiento confirmaron que al lunes 5 de abril no había sido presentado ningún escrito por parte del Ministerio Público Fiscal, lo cual recién hicieron el martes 6 a las 8:15.

En este contexto, Novarino resolvió que este escrito acusatorio no puede ser tenido en cuenta, por haber sido presentado fuera de plazo. En consecuencia, afirmó que corresponde dictar el sobreseimiento de quienes resultan imputados en estas actuaciones.

UNA LICITACION MAYOR Y CON ANTICIPOS

Los hechos por los que fueran acusados el intendente de Sarmiento y sus colaboradores tenían como objetivo analizar la licitación pública realizada para la construcción de una Escuela de Artes y Oficio sin la correspondiente autorización del Concejo Deliberante.

Ahora la fiscal Castagno solicitará a la Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia que deje sin efecto la resolución judicial del juez Novarino y autorice el reenvío de la causa a la oficina judicial de Sarmiento.

Asimismo, requirió que ese organismo judicial convoque a la audiencia preliminar de juicio. Finalmente, la representante del Ministerio Público Fiscal consideró que en ese acto judicial debería participar otro magistrado, en función de que el que intervino en la causa ya se manifestó sobre el fondo de la cuestión.

En esta acusación, los investigadores sostienen que el 2 de junio de 2015 –antes de concluir su primer mandato como intendente-, mediante resolución N° 526/15, Balochi decidió instrumentar un proceso licitatorio para la construcción de la Obra Escuela de Artes y Oficios.

La fecha tope para la recepción de ofertas fue establecida para el 3 de julio de ese año y la apertura de sobres se programó para tres días después.

Asimismo, se publicaron avisos haciendo saber que el presupuesto de la obra sería de 8.352.136 pesos. Ante la falta de oferentes el gobierno municipal resolvió prorrogar dichos plazos.

El 7 de agosto de ese año se procedió a la apertura de sobres, con dictamen legal y de la comisión de preadjudicación. En este marco, la construcción de la obra se adjudicó a la empresa "Ledesma". En este sentido, la parte investigadora señaló que, en esta ocasión, el presupuesto fue por un monto de 10.406.079 pesos, un 24,59% por encima del presupuesto inicial.

Por otra parte, la investigación sostiene que el 26 de noviembre de 2015 se adjudicó la obra. En tanto, el 2 de diciembre –ocho días antes de dejar el gobierno municipal- Balochi avaló el contrato de construcción. Y al día siguiente la empresa constructora solicitó “Anticipo Financiero en Contrato”.

La parte investigadora afirma que la compañía realizó ese pedido, sin intervención de la Dirección de Rentas de la Provincia de Chubut y sin dar razones del apartamiento del pliego de bases y condiciones.

El 4 de diciembre, Rubén Alberto Camarda -a cargo de la intendencia municipal- resolvió pagar el anticipo solicitado por la empresa "Ledesma". El monto requerido fue de 2.081,216 pesos.

En este contexto, la fiscalía considera que el procedimiento resultó violatorio de las normativas existentes en la materia. El proceso establece que el Concejo Deliberante debe efectuar la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones.

Para el Ministerio Público Fiscal, Balochi y Camarda deliberadamente ignoraron cumplir con la normativa. En tanto, el contador Miguens y la empleada municipal Estela Rúa omitieron informar por escrito a su superior acerca de la ausencia de autorización u ordenanza que habilitara la realización del trámite licitatorio correspondiente y aprobará los pliegos de bases y condiciones.

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