El Gobierno de Javier Milei ultima los detalles de su proyecto de Reforma Laboral, elaborado en absoluto hermetismo y sin participación de sindicatos ni representantes de los trabajadores. Las líneas generales del borrador —182 artículos— confirman lo que ya anticipaban especialistas y centrales obreras: la iniciativa apunta a desarmar derechos fundamentales conquistados durante décadas y a profundizar la desigualdad entre empleadores y empleados.
La Casa Rosada llamará a sesiones extraordinarias desde el 10 de diciembre y busca acelerar la aprobación del proyecto, pese al rechazo mayoritario de gremios y organizaciones de defensa de la clase trabajadora.
Un proyecto hecho a medida del sector empresario
Entre las modificaciones más graves, se destaca la creación de un Régimen de Promoción del Empleo Registrado que condona multas, intereses y deudas previsionales a empleadores que hayan tenido personal en negro. Es un blanqueo encubierto para quienes incumplieron la ley, ya que además elimina el REPSAL, registro que exponía públicamente a las empresas infractoras.
Caída de indemnizaciones y topeos
El proyecto redefine el cálculo indemnizatorio, fija topes y habilita a los convenios colectivos a reemplazar la indemnización por despido por un “fondo de cese”, mecanismo que abarata la desvinculación y facilita el despido, debilitando aún más la posición de los trabajadores.
Eliminación de multas por trabajo no registrado
El Gobierno elimina directamente el capítulo sancionatorio por empleo informal, premiando a quienes precarizan y castigando a quienes necesitan protección. Aunque mantiene la “presunción favorable al trabajador”, la quita de multas implica un retroceso estructural en la lucha contra el trabajo en negro.
Avances sobre licencias, enfermedades y condiciones de reincorporación
El borrador también modifica el artículo 212 sobre accidentes laborales, redefiniendo obligaciones del empleador y reduciendo garantías históricas de protección frente a la incapacidad laboral.
Flexibilización extrema para trabajadores de apps
El proyecto crea un régimen para repartidores de plataformas digitales, a quienes clasifica como “trabajadores independientes”. El resultado es claro: las empresas quedan liberadas de responsabilidades laborales básicas, transformando en regla la precarización que hoy ya es motivo de conflictos en todo el mundo.
Más herramientas para las empresas, menos protección para los trabajadores
El proyecto endurece la carga sobre trabajadores que litigan, establece sanciones por “pluspetición inexcusable” y redefine el principio de la norma más favorable, limitándolo y restringiendo su alcance. Un ajuste directo al derecho laboral protector, que deja a los empleados en inferioridad absoluta frente a las patronales.
Una reforma impulsada sin consenso y con orientación regresiva
La exclusión de los trabajadores del ámbito público y de múltiples regímenes del alcance de la LCT profundiza la fragmentación del sistema laboral argentino.
Mientras tanto, el Gobierno promociona el proyecto como “modernización”, pero su contenido remite más a recetas de los años ‘90, con desregulación, pérdida de derechos y debilitamiento institucional de la negociación colectiva.
La reforma laboral en números: el retroceso es claro
• Caída del salario real durante toda la gestión.
• SMVM más bajo de la región.
• Eliminación de multas a empleadores que precarizan.
• Topes para indemnizaciones que favorecen a las empresas.
• Fragmentación de derechos según sector y régimen laboral.
En este contexto, la reforma no busca mejorar la calidad del empleo ni elevar el nivel de vida de los trabajadores, sino abaratar costos empresariales mientras se desmantela el corazón del derecho laboral argentino.