"Revelación" sigue incomodando a dos fiscales y a varios empresarios

El entramado que llevó a los acusadores oficiales a enfrentar denuncias en el Consejo de la Magistratura y la actuación de algunos empresarios como el titular de la empresa Rigel que, a pesar de haber sido acusado de "cohecho activo", logró evitar el juicio penal. Con el proceso concluido, la causa "Revelación" sigue incomodando.

El Tribunal de Enjuiciamiento del Consejo de la Magistratura resolvió suspender las audiencias previstas para esta semana en el marco de jury que afronta el fiscal general de Comodoro Rivadavia Héctor Iturrioz por su actuación en la causa “Revelación”, aquella que investigó y condenó a empresarios y exfuncionarios por “cohecho” y “dádivas” (coimas) para realizar obra pública en la Provincia.

Por esta misma causa incluso fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura el también fiscal general Marcos Nápoli por “mal desempeño y desconocimiento inexcusable del derecho” por haber avanzado en la suspensión de juicio a prueba a más de 25 empresarios que no enfrentaron el juicio a cambio de hacer obras a modo de reparación económica al Estado; y por otra parte, el haber accedido a un acuerdo de juicio abreviado con los abogados de los exfuncionarios acusados.

Cabe señalar que la sentencia fue desfavorable principalmente para los exfuncionarios condenados a prisión; mientras que los empresarios acusados, entre ellos –y tal vez del que menos se habló durante el proceso- Massoud Ighani, de Rigel SRL, recibieron el beneficio de la “probation”: ofrecieron realizar obras a cambio de evitar el juicio.

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En su caso, el titular de Rigel SRL, propuso construir un edificio por más de 4 millones de pesos en el barrio Stella Maris de Comodoro para la “Fundación Juntos por un Corazoncito Feliz”.

La causa investigó el desembolso de dinero por parte de empresarios de la construcción a cambio de que se liberen o aceleren pagos de certificados de obras públicas. Los mismos empresarios manifestaron que los aportes iban del 3% al 5% del total del costo de la obra ejecutada.

La causa llegó a tener 60 imputados, la mayoría de ellos empresarios, quienes solicitaron y obtuvieron la suspensión del juicio a prueba tras admitir su culpabilidad a cambio de realizar obras con fines sociales y trabajos comunitarios, como Ighani.

ARGUMENTOS INCREIBLES

“Nosotros vamos a contar de manera detallada en qué consistía esta maquinaria de recaudación de dinero que era dirigida principalmente por quienes detentaban la mayor cuota de poder del Estado en ese momento”.

La frase la pronunció el fiscal Nápoli durante una entrevista en una radio de Comodoro para argumentar su posición de intentar una condena de cárcel para los funcionarios de aquel momento y, de alguna manera, excusar a la mayoría de los empresarios acusados de ofrecer coimas para apurar expedientes de cobro o quedarse con la licitación de determinadas obras públicas.

Pero la explicación más inverosímil la dio en un diálogo con el periodista Tomás Méndez, de Crónica TV: “cuando barajamos las pautas de conductas de la suspensión del juicio a prueba, una de las posibilidades era (la inhabilitación). La pena de cohecho (inhabilitación) que es lo que ellos cometieron, es decir ir a coimear a un político para que el político adelantara el certificado de pago antes que otro no cabe para el partícipe necesario es decir, el de afuera, que no es político”.

Y fundamentó su posición diciendo que “nosotros podríamos de todos modos ponérsela en las pautas de conducta de la probation; no se la pusimos porque caímos en la cuenta de que la Provincia se quedaba sin empresarios con los cuales contratar, eso implicaba traer empresarios de otras provincias para continuar con la obra pública. Fue un manto de realidad decir: ‘ché loco, no vamos a traer empresarios de Río Negro o de Santa Cruz, que hacen exactamente lo mismo que hacen los de acá: coimean a los políticos para que les paguen los certificados de obras’”.

Argumentos como estos y su actuación en pos de evitar la cárcel activando las “probation” lo llevaron a enfrentar una segunda denuncia en el Consejo de la Magistratura, que fue desestimada en mayo de este año.

COIMAS Y UN EDIFICIO

De acuerdo a la sentencia dada a conocer por el tribunal que condenó a los involucrados, al titular de Rigel SRL, empresa que sigue realizando obras tanto para la Provincia como para Nación, se lo acusó de “los delitos de cohecho activo, cuatro hechos en concurso real” por el pago de 3.950.000 pesos en coimas para que se liberen pagos por obras realizadas. Ighani se reunió con Diego Correa y “le ofreció pagarle una suma dineraria en concepto de ‘retorno’ a fin que este ordene se liberen los pagos respectivos. En la ocasión Correa aceptó la oferta y a cambio comprometió la concreción del libramiento de las Ordenes Presupuestarias de Pago”, sostiene la sentencia.

Para evitar la condena penal, el empresario Massoud Ighani –igual que otros involucrados- ofreció la construcción del edificio para la “Fundación Juntos por un Corazoncito Feliz” por un costo de aproximadamente 4.000.000 de pesos, casi el mismo monto que invirtió en las coimas.

En hechos como este se basó la denuncia presentada contra Nápoli ante el Consejo de la Magistratura. En tanto, a Iturrioz, que sería juzgado esta semana, se lo acusa, entre otros actos, porque en septiembre de 2018 hizo encarcelar al entonces ministro provincial de Familia, Martín Bortagaray, cuando este estaba protegido por fueros.

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