Revocan sentencia y habrá un nuevo juicio para Balochi

El intendente de Sarmiento había sido sobreseído por una adquisición irregular de palmas de alumbrado público en su anterior mandato. El Superior Tribunal decidió que debe ser sometido a un nuevo juicio.

El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, será sometido a un nuevo juicio en una causa que lo tiene como procesado por defraudar al Estado al haber adquirido palmas para el alumbrado público sin licitación y pagando sobreprecios.

La Sala Penal del Superior Tribunal de Justicia revocó su sobreseimiento dispuesto el año pasado, poco después de que asumiera su segundo mandato como intendente. La irregularidad que se le atribuye a Balochi habría sido cometida en los últimos meses de 2015, durante su primer mandato.

LAS CAUSAS

La acusación señala que entre los meses de junio y agosto de 2015, mediante resolución n° 528/15, el intendente Sebastián Ángel Balochi, junto al secretario de Gobierno y Coordinación de Gabinete, Rubén Alberto Camarda, y el secretario de Hacienda Daniel Miguens, decidieron adquirir -mediante concurso privado de precios- 33 palmas de alumbrado público por el valor de 678.810 pesos. Estos elementos debían ser destinados a la iluminación de la Avenida 2 de abril.

Por otra parte, la Fiscalía asegura que la compra se realizó por un monto significativamente superior al valor de plaza, provocando un claro perjuicio económico a la administración pública municipal.

En este contexto, la parte acusadora detalló que la operación de compra fue llevada adelante con la firma “Caño Sur SA” en tres etapas durante el año 2015. La primera consistió en la compra de 23 palmas de alumbrado público por el monto 473.110 pesos. Esta operación fue abonada el día 21 de julio mediante concurso privado de precios.

Asimismo, la segunda adquisición, consistió en la compra de 4 palmas por el valor de 82.280 pesos y fue remunerada el 31 de agosto. A todo ello, mencionó la última compra de 6 palmas de alumbrado público fue realizada el 17 de junio. Allí la Municipalidad pagó 123.420 pesos.

La pieza de apertura de la investigación asegura que estas dos últimas adquisiciones se efectuaron a través de la modalidad de compra directa. Con respecto al procedimiento de compra, afirman que el mismo resultó violatorio de las normativas existentes en la materia.

El equipo de investigadores afirma que el Concejo Deliberante no efectuó la autorización prevista en la Ordenanza N° 49/12, mediante la cual se establece el Sistema de Compras y Contrataciones y que por ello los funcionarios políticos violaron el deber a su cargo, al contratar a Pablo Diez (el representante de la empresa "Caño Sur") para la adquisición de columnas de alumbrado público a un precio significativamente mayor al de plaza.

En este contexto, sostienen que “se evidencia la clara intención de provocar daño en el erario público municipal y de beneficiar a la empresa contratante”.

Para ello, los imputados “habrían simulado un concurso de precios privados que no fue tal. También, previo a su adjudicación, se registra una compra directa a favor del mismo proveedor, por idénticos productos e igual precio”.

Los jueces Mario Vivas y Sergio Lucero declararon procedente la impugnación extraordinaria interpuesta por el Ministerio Público Fiscal en el marco de la causa judicial caratulada como "Administración fraudulenta agravada, por haber sido cometida contra la administración pública".

En consecuencia, revocaron la sentencia absolutoria dictada por el juez Jorge Novarino respecto de Balochi, Camarda, Nuñez y el exasesor contable Daniel Adrián Miguens.

En este marco, los ministros ordenaron reenviar el caso a la instancia para continuar según su estado. En función de ello, la Oficina Judicial deberá designar un nuevo juez y fijar audiencia.

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