Se elevó a juicio la causa del IPV y la fiscal presentará 66 testigos

Ante el pedido de la fiscal Camila Banfi, la jueza Raquel Tassello elevó a juicio oral y público la causa contra Abel Reyna, Darío Acosta, Claudia Leonori, Raquel Antimilla y Vanesa Medina Consoli. A Reyna, extitular de la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda, la Fiscalía lo acusa de cuatro delitos: asignación ilegal de viviendas, cohecho activo, pedir dinero para trámites e incumplimiento de deberes de funcionario público. Las penas para los imputados pueden llegar a ser de cumplimiento condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La jueza le impuso a la parte acusadora que dé a conocer a los tres abogados defensores el nombre de la testigo de identidad reservada.

La fiscal Camila Banfi llegó ayer a la sala de la Cámara del Crimen con bolsas repletas de carpetas y expedientes. A partir de esas evidencias, le solicitó a la jueza penal Raquel Tassello la elevación a juicio oral y público de la causa que tiene como principal imputado a Abel Reyna, extitular de la delegación Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) y a los empleados del organismo, Darío Acosta, Claudia Leonori, Raquel Antimilla y Vanesa Medina Consoli.

Tras haber escuchado las hipótesis del caso expuestas por la fiscal, por la querella y por los defensores presentes, la jueza Tassello decidió elevar a juicio la causa en la que la Fiscalía acusa a Reyna de cuatro delitos: asignación ilegal de viviendas, cohecho activo, pedir dinero para trámites e incumplimiento de deberes de funcionario público.

La investigación de la Fiscalía se centra entre diciembre de 2011 y octubre de 2014, cuando según la acusación, los imputados tomaron parte en montar una estructura para adjudicar de manera ilegal viviendas del IPV a personas que no reunían los requisitos.

“Son hechos en general de corrupción ocurridos al interior del Instituto Provincial de la Vivienda, estos hechos de corrupción se materializaron en la entrega de viviendas en el barrio Ciudadela. La Fiscalía tomó como investigación piloto las 81 viviendas entregadas en Ciudadela. Y a partir de eso fue investigando a quiénes fueron asignadas, los mecanismos de asignación, la veracidad de las actas de las asignaciones, los puntajes, todo lo que marca la normativa FONAVI (Fondo Nacional de la Vivienda), si se habían cumplido o no en esos planos”, expuso la fiscal.

“Uno de los hechos es que se le asignaron viviendas a personas que no cumplían con los requisitos de ley. Se hizo caso omiso a personas que era llamadas a obtener esas viviendas sociales, que impugnaron los listados, y después hay una serie de hechos que se describen de favores, cohechos, favores políticos, favores sexuales” describió Banfi.

Entre los principales delitos que buscará probar, la fiscal señaló que se encuentran las “exacciones ilegales” en las que se pide dinero y los cohechos activos y pasivos, además de los delitos de tráfico de influencias como es el que se lo acusa a Reyna. “Porque teníamos un grupo de testigos que decía que él saltaba los pasos de Comodoro Rivadavia a Rawson y quizás en una instancia política directa otorgaba estas viviendas, y traficaba sus influencias con los que tenían que firmar estas documentaciones”, graficó Banfi sobre la mecánica.

La fiscal adelantó durante la audiencia preliminar que a Leonori se le abrirán dos nuevas causas por maniobras similares a aquellas en las que ahora se la acusa.

Después de que cada una de las partes presentó sus alegatos, se pasó a la presentación de pruebas documentales y testimoniales que van a ser expuestas y desarrolladas en el juicio oral y público.

PRUEBAS Y TESTIGOS

Banfi solicitó incorporar al debate, 66 testigos, entre ellos al arquitecto Ricardo Trovant, que en esa época estaba bajo las directivas del gobernador Martín Buzzi. Y entre las pruebas documentales importantes, figura un informe que elevó la Legislatura del Chubut.

La fiscal dijo que ese informe “está firmado por quien en ese momento era vicegobernador (Gustavo Mac Karthy), y hoy se ofreció ese informe, no es que se trae al gobernador, pero sí, ese informe que remitió cuando era vice a la Legislatura y esa prueba documental es muy importante, porque es una documentación en la que el Poder Ejecutivo tuvo que ofrecer al Poder Legislativo sobre todas las viviendas que se habían otorgado en toda la provincia, y dentro de ese informe general están las 81 viviendas de Ciudadela”.

El defensor particular Guillermo Iglesias solicitó que se sumen al debate varios expedientes que estaban en Rawson y bajo la órbita de Sumarios de la Asesoría General de Gobierno y que se sume la testimonial del concejal Guillermo Almirón, como así también 19 fojas de correos electrónicos entre los que figuran como remitentes y emisarios Acosta, Suárez, Reyna y Trovant. Además de las publicaciones de la lista de preadjudicados.

Mientras que el defensor Esteban Mantecón pidió sumar unos 30 testigos que darán cuenta del proceso de asignación de viviendas, y entre ellos se destaca a Lidia Moscoso, dirigente del barrio Presidente Ortiz, quien expondrá sobre el mecanismo de postulaciones que se impulsa desde esa vecinal.

También sumó como testigo de parte a un hombre que fue víctima de un violento episodio policial y que está dentro de una Ley de Ayuda a Víctima de Delitos Violentos, a quien además se le entregó una vivienda.

Ante la consulta de la Fiscalía, la jueza consideró que el testigo sería incorporado en calidad de que “hubo otras irregularidades en entregas de viviendas”.

Una de las disposiciones de la jueza Tassello, al término de la audiencia, fue que la Fiscalía le dé a conocer a los tres defensores –no a los imputados- los nombres de la testigo de identidad reservada.

La expectativa de penas que dependerán si la Fiscalía logra probar los delitos durante el juicio, comprende la inhabilitación perpetua para el ejercicio de cargos públicos.

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