El drama que tuvieron que atravesar Enrique Ruiz y su familia comenzó hace casi dos años con el robo a uno de sus hijos que sufrió en la calle el arrebato de su teléfono celular. Con el paso del tiempo parecía que la causa avanzaba. Sin embargo, la sorpresa llegó hace pocas semanas cuando citaron al padre de la víctima para que retirara un cheque por $50 que implicaba una reparación económica.
Según la denuncia del hombre la justicia no lo consultó si estaba de acuerdo con la decisión de la magistrada Raquel Tassello y del defensor público, Ricardo Amado Coelho de fijar una reparación económica y sobreseer al imputado, sino que además la funcionaria fiscal del caso, Silvia Chaura, tampoco habría sido informada como querellante pública de la aplicación del criterio de oportunidad para el procesado.
El robo se registró alrededor de las 9 del 24 de agosto de 2014, cuando la víctima, de 14 años, esperaba el colectivo sobre Canadá y El Patagónico para dirigirse al colegio.
Según relató Ruiz, "yo estaba en mi casa tomando mate con mi compadre y a menos de diez minutos vuelve a entrar a la casa mi hijo y me dice que lo habían apurado en la parada de colectivos y le habían robado el (teléfono) celular".
Los dos adultos salieron a recorrer la zona e interceptaron al sospechoso sobre Canadá y Atahualpa Yupanqui. Luego, lo entregaron a la policía con el teléfono en la mano. El presunto autor fue identificado como Gustavo Andrés Martínez, de 35 años.
Se radicó la respectiva denuncia ante la Seccional Tercera, y "me entregan el teléfono sin el chip que nunca apareció, o lo tiró el tipo", describió el denunciante.
La investigación siguió su cauce y en 2015 Ruiz y su compadre tuvieron que declarar ante la Fiscalía.
CINCUENTA PESOS
Lo tragicómico del caso fue que el 8 de agosto último, a casi dos años del robo, "me llega un acta a la casa que me tenía que presentar mañana (por hoy) porque la causa seguía", supuestamente con la audiencia preliminar contra el imputado Martínez. Según el legajo judicial, se iba a revolver la situación procesal del sospechoso.
Sin embargo, "el martes último vino otro patrullero con otro formulario (comunicación procesal), donde dice que la juez ya resolvió que lo libera de todo cargo por el módico pago de $50. Lo más cómico es que me pedían que vaya a retirar un cheque a la avenida Portugal donde está la Oficina Judicial".
Ruiz contó que concurrió al edificio de Fiscalía y se entrevistó con la funcionaria del caso, Silvia Chaura. "Explicame cómo la juez resuelve algo con un chorro que le pusieron un abogado público que le pagamos nosotros y entre los dos resolvieron que por $50 que queda libre de toda causa, y a mi jamás me llamaron", la interrogó Ruiz.
"La fiscal investigó cuando el caso estaba resuelto. Nadie le avisó que el caso estaba cerrado, o sea durante un año que investigó con presentaciones mías, pedir permiso en el trabajo para ir a declarar, molestar a otra persona que fue testigo", acotó.
El denunciante afirmó con los legajos en mano que el caso se resolvió "entre el abogado que le pusieron al chorro, Ricardo Amado Coelho, y la juez Raquel Tassello. Ni lo retiré al cheque porque entre que lo deposito y saco la plata tengo que poner dinero encima por los gastos bancarios. Lo que le molesta fue el hombre mayor que atacó a un menor", cuestionó.
Ruiz lamentó: "no me avisaron por lo menos para estar presente. Eso es lo que me molestó y la fiscal no me supo contestar. Ella se enteró el mismo día que yo. Se resuelve entre el que roba y el juez por cincuenta mangos, me están tomando el pelo", insistió.
"Yo llego a la conclusión de que la juez que firma esto, Tassello ni lo vio. Esto lo deben hacer los secretarios. Esto me pareció una tomada de pelo y como le dije a la fiscal, ¿quién me puede explicar esto?", interrogó.
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- 16 septiembre 2016