Tal como lo adelantó El Patagónico en su edición anterior, se llevó a cabo ayer la última jornada de juicio oral y público contra la pareja boliviana que fue procesada por trata de personas: Fermín Torrijo Claro (30) y Cinthia Vargas Ricardi (26).
El debate se realizó en la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal, el cual estuvo integrado por los jueces Pedro José de Diego, Jorge Guanziroli y Nora Cabrera de Monella. El Ministerio Público Fiscal fue representado por el fiscal ad hoc, Mariano Sánchez, mientras que los procesados recibieron la asistencia técnica de la defensora pública, María Fernández Van Raap.
Tras la reanudación del debate se escucharon, a través de videoconferencias desde Salta, a los testigos que faltaban declarar. Se trata del matrimonio que el 30 de mayo de 2011 denunció el hecho a pedido de la niña de 12 años. Los denunciantes eran vecinos de la víctima y, según se confirmó ayer, desde la casa que habitaban en el barrio Moure se escuchaban los llantos de la nena cuando le pegaban.
Los dos testimonios fueron relevantes para el acusador público y reforzaron la situación de dominio que se ejercía sobre la vulnerable criatura.
CULPO A LA MADRE
A su turno, la procesada hizo uso de su derecho a declarar y en su relato dijo que había sido la mamá de la nena quien le sugirió que pase la criatura hacia la Argentina con un documento falso, aunque su testimonio no resultó demasiado convincente. Es que en audiencias anteriores se conoció que la madre de la niña es analfabeta y tampoco habla castellano.
Una vez que se clausuró el debate, las partes alegaron y allí el fiscal Sánchez solicitó al tribunal que Torrijo Claro y Vargas Ricardi sean declarados coautores penalmente responsables del delito de trata de personas, en los términos del artículo 145 del Código Penal, solicitado para ello la aplicación de una pena de 10 años para ella y de 11 años para él.
La defensa, en tanto, reclamó la absolución de ambos procesados y, de manera subsidiaria, que sean condenados bajo una calificación menos gravosa como lo es el ingreso de manera ilegal al territorio argentino.
Una vez que se expresaron las partes, el tribunal pasó a deliberar y convocó para el jueves 6 de agosto, ocasión en la que dará a conocer el veredicto.
Se debe tener presente que la víctima tenía 12 años cuando fue traída desde Bolivia. Según surge del caso, Vargas Ricardi fue la encargada de acordar con la madre de la niña para traerla a la Argentina. La progenitora no habla castellano y se le prometió que en la Patagonia la nena iría a la escuela, algo que en su país nunca jamás había hecho. No sabía leer, ni escribir. A cambio tendría que ayudar en las tareas de la casa, algo que para ella no representaba frustración alguna.
La criatura fue alojada en la vivienda que el matrimonio alquilaba en el barrio Moure y se encargaba del cuidado de los hijos del matrimonio, los bañaba, los llevaba al jardín, los hacía jugar y alimentaba. También se encargaba de limpiar la casa, lavar la ropa a mano. Lo que no hacía era lo que más anhelaba: ir a la escuela.
La nena recibía maltratos verbales y físicos, mientras que en otra causa que todavía se encuentra en instrucción, se investiga el presunto abuso sufrido por el jefe de familia.
El 30 de mayo de 2011 la niña pidió ayuda a una vecina y se radicó la denuncia. De inmediato se activaron los protocolos dispuestos para casos de trata de personas y la nena recibió la asistencia de equipos multidisciplinarios.