Apenas unos minutos después, cerca de las 3:15 del lunes, frenaron el auto que circulaba rumbo al sur y confirmaron el hallazgo.
La oficial activa de la Policía Federal Argentina (PFA), María Florencia Méndez, fue detenida el lunes durante un control vial en Paso Cerrito, Entre Ríos, cuando llevaba 14 kilos de cocaína ocultos en su auto. A partir de fuentes cercanas a la investigación, había salido desde Posadas (Misiones) con destino a Buenos Aires, aunque en un primer momento afirmó que se dirigía a Chajarí, y después de su captura se allanaron domicilios para avanzar sobre los posibles vínculos de la red narco involucrada, en una operación que reveló movimientos previos sospechosos.
A primeras horas del lunes, cerca de las 3:15 de la madrugada, el Puesto de Control Vial Paso Cerrito —dependiente de la Dirección General de Prevención y Seguridad Vial de Entre Ríos— detuvo el vehículo que circulaba en sentido norte–sur. Durante la inspección, los agentes detectaron irregularidades en la parte inferior del rodado, una situación que despertó sospechas inmediatas y motivó una revisión más exhaustiva.
Dado ese indicio, recurrieron a un perro narcodetector, que marcó la posible presencia de droga.
La cocaína, valuada en más de 315 millones de pesos, estaba distribuida en compartimientos internos y zócalos del automóvil. A partir de ese primer indicio, el hallazgo inicial fue de tres paquetes rectangulares, pero una inspección más exhaustiva permitió ubicar seis bultos adicionales, lo que elevó la cifra total a los 14 kilos confirmados luego con pruebas de campo y pericias judiciales, según detallaron fuentes del caso.
Además del cargamento, la Policía secuestró el Ford Fiesta negro, documentación y otros elementos ligados a la causa. Méndez, que al momento del procedimiento no llevaba arma reglamentaria ni credenciales, quedó detenida e inmediatamente fue trasladada para ser indagada por la jueza federal Analía G. Ramponi, a cargo del Juzgado Federal de Concordia. Dentro de la audiencia participaron también el fiscal Francisco Bernhardt y la defensora oficial asignada. Su situación procesal se definirá en los próximos días, una vez analizado el expediente y las medidas en curso.
De momento, el caso derivó en una serie de allanamientos simultáneos para reconstruir el recorrido de la droga y detectar posibles cómplices. Las órdenes alcanzaron dos domicilios de Posadas y una vivienda en La Matanza, señaladas como posibles lugares de acopio, logística o contacto dentro de la estructura investigada. Los operativos estuvieron supervisados por el Juzgado Federal de Concordia, con el fiscal Iñaki Bosch al frente, y el apoyo de la Dirección General de Drogas Peligrosas, fuerzas provinciales y la Gendarmería Nacional.
Los investigadores también analizan los teléfonos, documentos y elementos secuestrados para establecer la ruta del cargamento.
Qué cambia con la reforma del Código Penal en narcotráfico
El Gobierno nacional envió al Congreso en diciembre un proyecto de reforma del Código Penal que busca endurecer las penas en delitos de alto impacto social y reducir la impunidad. Algunos de los objetivos principales son frenar el narcotráfico, la corrupción, la violencia en espectáculos deportivos y los abusos sexuales, limitando los beneficios excarcelatorios y asegurando un cumplimiento efectivo de las condenas.
Sobre narcotráfico, la reforma plantea cambios profundos: los delitos de tráfico y contrabando de estupefacientes serán imprescriptibles, eliminando cualquier límite temporal para su persecución. A la par, se aumentan los mínimos y máximos de las penas, priorizando prisión efectiva en más del 80% de los casos graves y sin acceso a salidas transitorias o libertad condicional para reincidentes.
Además, se incorpora la obligación de notificar a las víctimas sobre cualquier beneficio que pueda otorgarse, reforzando la transparencia y el control social sobre los procesos judiciales. El proyecto también busca afectar la estructura económica de quienes delinquen, lo que incluye la posibilidad de decomisar bienes y bloquear activos vinculados al narcotráfico y a otras actividades delictivas.
El proyecto propone unificar más de mil leyes especiales en un código de 920 artículos, concentrando la atención en delitos que generan alarma social y afectan la seguridad ciudadana. Además del narcotráfico, el texto contempla medidas más estrictas contra homicidios, corrupción, trata de personas y violencia en eventos deportivos, así como abusos sexuales, elevando los márgenes de condena y limitando los beneficios para los imputados.