Paula Martínez fue abusada el 10 de diciembre de 2016 durante una fiesta en Florencio Varela. Denunció que fue drogada con escopolamina, raptada y violada por varios jóvenes. Durante años sostuvo la acusación, atravesó procesos judiciales, amenazas y hostigamientos.
El 26 de diciembre de 2021, con 23 años, la encontraron muerta en su casa. Se había quitado la vida. Su mamá sostiene que no resistió la revictimización y el amedrentamiento constante por parte del entorno de los acusados, ya que Paula encabezó múltiples marchas y pidió justicia por televisión.
A nueve años de la violación grupal que denunció Paula Martínez en Florencio Varela, y a más de cuatro de su muerte, su mamá vuelve a pedir justicia. No solo por las condenas ya dictadas y el juicio que absolvió al último acusado, sino por un ADN clave que sigue siendo una incógnita.
En diálogo con TN, Sandra Zapata aseguró que las pericias arrojaron la existencia de un sexto ADN que hasta el momento no fue identificado, y que no corresponde a ninguno de los imputados que ya fueron juzgados.
Actualmente, el expediente judicial está dividido en dos líneas. Por un lado, las causales de muerte de Paula, que continúa abierta pero sin resolución, pese a haber pasado más de cuatro años.
Por otro, una causa paralela que fue archivada y que es la que hoy la familia busca reactivar: la que investiga la presencia de un perfil genético masculino NN detectado en el material recolectado tras el abuso.
Según consta en la causa, ese ADN no coincide con ninguno de los cinco hombres que fueron juzgados. Sin embargo, la investigación fue archivada con el argumento de que en la Argentina no existe un banco de violadores que permita realizar comparaciones.
La mamá de Paula asegura que ese fundamento es falso, que el Banco Nacional de Datos Genéticos existe y puede ser utilizado para avanzar en la identificación.
Por ese motivo, pide que el expediente sea desarchivado y que se ordenen nuevas pericias. En concreto, solicita que se comparen los perfiles genéticos con personas señaladas durante la investigación y con testigos aportados por las defensas de los abusadores. “Hay un sexto ADN que nunca fue explicado. Ese dato sigue sin respuesta”, sostiene.
La causa por el abuso sexual está en manos de la fiscal Mariana Dongiovanni, de la UFI 2, una funcionaria cuestionada por familiares de víctimas y organismos por su falta de compromiso en este tipo de expedientes. “Esta mujer desampara por completo a las víctimas”, expresó Sandra. TN intentó comunicarse con la funcionaria, pero no se obtuvo respuestas.
El juicio, la absolución y una deuda pendiente
En el primer juicio, realizado en 2022, la Justicia bonaerense condenó a Diego Gabriel Domínguez, Gonzalo Daniel Sandoval, Gustavo David Carbonel y Guillermo Adrián Chávez por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la participación de dos o más personas.
Domínguez recibió la pena más alta, de 20 años de prisión, por haber sido funcionario público (ex Guardia Comunal de Florencio Varela), mientras que los otros tres fueron sentenciados a 19 años de cárcel. Todos fueron considerados coautores del ataque.
En tanto, el quinto acusado, Mauro Nair Goncalves, permaneció prófugo durante cinco años. Por él, el Ministerio de Justicia ofreció una recompensa de cuatro millones de pesos.
Goncalves fue finalmente detenido en 2022 y juzgado en un debate aparte, a pedido suyo, mediante un jurado popular en el Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Florencio Varela. El jurado lo declaró no culpable.
Aun así, el resultado del juicio no despejó una de las principales incógnitas del caso sobre la presencia de un sexto perfil genético que no corresponde a ninguno de los hombres sentados en el banquillo.
Ese dato, que figura en el expediente, quedó sin investigación activa tras el archivo de la causa. Para la familia de Paula, se trata de una deuda central del sistema judicial. “No se puede cerrar una historia cuando hay una prueba biológica que indica que falta alguien”, remarcó su mamá.
Denuncia por persecución y pedido de custodia
En paralelo al reclamo judicial, la mamá de Paula denunció estar atravesando una situación que define como grave. “Tanto la Policía Bonaerense como la Guardia Comunal del Municipio de Florencio Varela me siguen, vigilan mis movimientos y generan un ambiente de intimidación hacia mí y mis hijos”, reveló.
Sandra asegura que cuenta con pruebas y testigos que respaldan esos hechos y por eso solicita protección urgente. En particular, pide que se le otorgue custodia fija dependiente de fiscalías y no de comisarías, por temor a sufrir represalias.
“Con todo el dolor que implica volver a exponerme, recurro nuevamente para que el caso tenga visibilidad, para que haya justicia y respuestas”, señaló.
El reclamo no se limita al pasado, sino que apunta a una investigación que considera inconclusa y a una prueba científica que, hasta hoy, no fue explicada.