El Concejo rechazó la quita de pensiones que había decidido el Gobierno nacional

El Concejo rechazó ayer, de manera enérgica, la anulación de pensiones graciables que había adoptado Nación, una decisión en la que el Gobierno de Macri dio marcha atrás a última hora de ayer, a partir de masivos rechazos en todo el país. El cuerpo legislativo había reclamado que el Ministerio de Desarrollo Social reviera la medida "que vulnera derechos" y atenta contra "la dignidad de las personas". El repudio de los concejales se expresó en una nota que se enviará a la cartera que conduce la ministro Carolina Stanley y al titular de la Comisión Nacional de Pensiones Asistenciales, Guillermo Badino. Además, se aprobó la reglamentación del uso del Fondo de Asistencia Educativa Municipal y el aumento salarial a los empleados municipales.

El Concejo Deliberante de Comodoro Rivadavia sumó su voz de repudio a la decisión del Gobierno de anular pensiones graciables que reciben personas con discapacidad y adelantó su acompañamiento a todas las medidas que, en búsqueda de la restitución de esos derechos, se impulsen desde Provincia y la Municipalidad.
El rechazo a la polémica medida se produjo en la hora de preferencias en la que, tras pedir un minuto de silencio en homenaje al exintendente Marcelo Guinle, el concejal Ricardo Gaitán, de Chubut Somos Todos, consideró que la anulación de las pensiones "debe ser enérgicamente repudiada, porque es de una gran insensibilidad y va contra el progreso de un país inclusivo", sostuvo.
Pablo Martínez, el único edil presente de Cambiemos ayer -ya que José Gaspar y Cristina Cejas no participaron de la sesión-, no se refirió abiertamente a la cuestión, pero presentó un proyecto para que se dé inclusión laboral, en el municipio, a personas con discapacidad. La iniciativa fue girada comisión.
El titular del bloque del FpV, Mario Soto, tras elogiar la figura de Marcelo Guinle, criticó la anulación de pensiones por "haberse tomada de forma inconsulta, sin haberle dado a la gente la posibilidad de acreditar su situación a través de la documentación que tiene. Este gobierno nacional debe entender que no puede seguir así, cortando el hilo por lo más delgado", sentenció.
Nicolás Caridi (FpV) recordó que desde el primer día que asumió su banca puso de relieve "que cada una de las medidas que lleva adelante este gobierno nacional, avanza en la quita de derechos. Repudiamos el contenido ideológico de la decisión y las argumentaciones. No me cabe duda que, detrás de estas medidas, está el Fondo Monetario Internacional, que solo plantea ajustar, sin tomar en cuenta lo que estos números y acciones significan", concluyó.
En la hora de preferencias la concejal Norma Contreras, de Chubut Somos Todos, lamentó que, en la anterior sesión, sus pares la hayan subestimado y hasta agredido verbalmente cuando reclamó informes por el aumento de los servicios y adelantó que continuará solicitando esos datos.
En respuesta, Soto, quien recordó que en la sesión no estaban presentes los concejales "tal vez aludidos", como Guillermo Almirón (FpV) y José Gaspar, no tomó como válido el planteo, tanto el de agresión, como el de falta de información.
El concejal Martínez se refirió a la agresión sufrida, en la vía pública, por el empresario radial Richi Astete y consideró que la misma "forma parte de la inseguridad que estamos viviendo" y por eso reclamó que "la Seguridad forme parte también de la reconstrucción de la ciudad, que estamos planteando y trabajando tras el temporal", remarcó.

FAEM, AUMENTO Y
VIOLENCIA DE GENERO
Entre los despachos aprobados ayer por los concejales, se destacó la reglamentación del uso de los dineros del Fondo de Asistencia Educativo Municipal (FAEM) que fue trabajado por el concejal Caridi, quien fundamentó la iniciativa que recibió el acompañamiento unánime del cuerpo.
Tal como adelantó El Patagónico, la reglamentación establece que este dinero, que se reúne con el 3.5% del impuesto automotor e inmobiliario, no pueda ser afectado a cuestiones que dependen del ministerio de Educación de la provincia.
"Estos fondos deben usarse para lo que corresponde, que es para fomentar la educación, no para otros gastos que son responsabilidades de Educación", comentó Caridi, quien también reseñó que, a partir de ahora, y con una comisión específica, "tanto el uso como la rendición de los fondos, que son de todos, será mucho más transparente y efectiva", completó.
Los concejales también aprobaron el aumento a los empleados municipales, que fue fundamentado por Soto, y que quedó fijado en un 17%, que se entregará en tres partes: un primer 10% con este sueldo y retroactivo a abril, 3% en agosto y el 4% restante en septiembre, mes en el que las partes volverán a sentarse para comenzar a definir el incremento salarial de octubre a marzo.
Finalmente, además de despachos de adjudicación de tierras y otras declaraciones, los concejales aprobaron los proyectos de la edil Sirley García (FpV) por los que se solicitó un lugar físico para que a partir de octubre el plan Fines, de educación para adultos, pueda dictarse también en la zona norte y para que el IPV asigne un cupo específico de viviendas para mujeres víctimas de violencia de género.

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