El Tribunal de Cuentas insiste con la auditoría sobre la SCPL

Mediante Resolución N° 13, el Tribunal de Cuentas Municipal rechazó el recurso de reconsideración planteado por la SCPL con el que se niega a ser auditada por el organismo fundado en "vicios legales del planteo", y considerarla una "intromisión" por falta de potestad. El organismo de control emitió un nuevo acto administrativo en rechazo del recurso, e insiste con la auditoría. La base más fuerte se da con el fondo de sustentabilidad.

El Tribunal de Cuentas Municipal (TCM) emitió, con el voto de los dos vocales de la oposición Gastón Acevedo y Carlos Relly, una resolución (la 10 de 2016) ordenando una auditoría económica y financiera a la SCPL. El documento fechado el 10 de marzo fue rechazado por la prestadora, mediante un recurso de reconsideración que fundamenta una serie de vicios administrativos y legales, además de considerar improcedente el pedido por carencia de facultades y planteado incluso la inconstitucionalidad de la normativa que reglamenta el funcionamiento del TCM, con base en legislación comparada, incluso sobre la Carta Orgánica Municipal (COM).
El organismo municipal de control resolvió rechazar el recurso de reconsideración interpuesto. El nuevo escrito –Resolución N° 13– fundamenta legalmente en primer término la imposibilidad de recurrir la resolución del Tribunal, añadiendo que el recurso presentado "no suspende la ejecución del acto".
Por otra parte, y dado que uno de los argumentos para rechazar la competencia del Tribunal se basó en señalar que la SCPL no recibe emolumentos de la Municipalidad ni compromete sus intereses económicos, el nuevo escrito subraya que al tratarse de la concesionaria de un servicio público, "resulta incontrastable que la actuación del concesionario compromete intereses económicos municipales" y que "el ente concedente del servicio público es sin dudas la M.C.R., y como tal lo que está dando en concesión es un servicio que comprende bienes tangibles municipales y susceptibles de apreciación económica".
"El servicio podrá ser de distribución de agua o de cloacas, pero la realidad es que dicho servicio se realiza mediante la utilización de bienes de propiedad del Estado municipal. Las redes de agua, lo caños de cloacas, todo el entramado que permite el servicio concesionado de aguas y cloacas (solo a modo de ejemplo) son de propiedad municipal. Las obras que se debieron realizar con los fondos de las ordenanzas de sustentabilidad son de propiedad municipal. Por lo tanto los servicios públicos concesionados a la SCPL no sólo comprenden derechos, sino también el acceso, conservación, mantenimientos de bienes del Estado municipal, por lo que sin lugar a duda el ejercicio de las concesiones públicas por parte de la SCPL implica comprometer intereses económicos municipales" rebate la nueva resolución para amparar sus facultades legales para ordenar una auditoría.

FONDO DE SUSTENTABILIDAD, LA CLAVE

Además, el Tribunal recuerda que "la recurrente indica que la SCPL no recibe fondos municipales y que se gestiona con fondos propios; sin embargo, la creación de un fondo de sustentabilidad mediante Ordenanza Nº 11515/14 y 11515-1/15 promulgadas por Resoluciones Nº 1419/14 y 1875/15 indican que la solvencia y manejo de los fondos propios de la SCPL no es el que argumenta", a lo que se añade también que el aporte de los usuarios al fondo de sustentabilidad implica que la SCPL no pudo por sus medios privados sostener la concesión, debiendo recurrir a auxilios extraordinarios del municipio por medio de normas de alcance general. "Esto implica que sin dudas la SCPL está lejos de ser la empresa privada autónoma autogestionada que pretende la recurrente, siendo una cooperativa que administra bienes y servicios de propiedad municipal tangibles e intangibles".
El fondo de sustentabilidad resulta entonces uno de los principales asideros del Tribunal para ordenar la revisión económica y financiera de la prestadora, planteando que tales ingresos debían depositarse en una cuenta especial, no siendo de libre disponibilidad sino con destino prefijado por ordenanza en cuyos anexos se fijan las obras especificas a ejecutar en cada barrio, "obras que una vez realizadas, son de propiedad de la MCR (ente concedente) por lo tanto no hay ninguna duda que la SCPL compromete con su accionar intereses económicos municipales", sostiene el Tribunal.
"Por lo tanto, no hay forma legal ni material de eludir, ni de contrariar con seriedad la Resolución Nº 10/16" determina la resolución a lo largo de sus ocho fojas para insistir con la auditoría a la SCPL, una orden que convive ahora con el pedido de informes que el Concejo Deliberante emitió durante la sesión del miércoles pasado.

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