En el Concejo demandan una discusión ampliada para avanzar con una tarifa provincial

Pablo Korn, titular de la Subsecretaría de Servicios Públicos de la provincia, deslizó la necesidad de conformar el ente regulador y avanzar con la unificación de tarifas en toda la provincia. El anuncio se dio cuando las inversiones en materia energética centralizan la agenda chubutense y las municipalidades deben comenzar a analizar las implicancias del Ente de Regulación en los servicios públicos que conceden.

El pase de Pablo Korn al área de Servicios Públicos de la provincia es un condimento de peso en el esquema de las inversiones energéticas que se vienen anunciando para la provincia, ya que había integrado el directorio del proyecto Ingentis de 2007 y aunque había sido electo concejal en Trelew entre 2011-15, dejó el cargo para estar al frente del OMRESP (Organismo Municipal Regulador de Energía y Servicios Públicos) de esa ciudad, y fue también interventor en la cuestionada cooperativa municipal.
Korn asumió hace exactamente una semana en el cargo provincial y su primer anuncio no fue casual: la intención de conformar el Ente Regulador Provincial -previsto legalmente desde la década del '90 del siglo pasado, pero nunca formalizado– y con él, la necesidad de unificar las tarifas de los servicios públicos en toda la provincia.

CAUTELA EN COMODORO
Mientras el anuncio abre un debate respecto de las autonomías municipales, el concejal Guillermo Almirón consideró que un ente regulador en sí mismo, pensado en abstracto, no es negativo, aunque es necesario dar un amplio debate al respecto que hoy ni siquiera está planteado.
"Un ente por sí mismo no es malo. Incluso es bueno tener, como hubo en su momento, una tarifa de referencia que después se hizo por ley provincial en el marco de la emergencia de los servicios públicos. Es importante tener una referencia, aunque con factores de corrección por las distintas localidades" dijo, señalando por ejemplo el sistema del acueducto en Comodoro donde con una topografía específica el agua debe bombearse a lo largo de 140 kilómetros y que por lógica tiene costos muy diferentes a los de la ciudad de Puerto Madryn, con un acueducto de 70 kilómetros y otra geografía.
"Hay un factor de corrección que habría que aplicar para tener una tarifa diferenciada respecto de lo que es transporte, que es una regulación que se realiza a nivel provincial de la de distribución que se fija a nivel local", expuso.
"Si hay un ente que regule las tarifas, tiene que tener en cuenta eso de mínima, respecto de una estructura que pueda tener su incumbencia en toda la provincia. Ahora, respecto de las facultades, el que concede es el municipio y el que fija tarifas también por ser poder concedente, y eso tiene raigambre en la Carta Orgánica Municipal (COM); entonces en principio va a tener que sumar más actores para ver las implicancias porque eso requeriría una reforma de la COM" dijo el concejal.
Asimismo, especificó que aún no hubo ningún tipo de reunión ni planteo formal al Ejecutivo municipal o al Concejo Deliberante, aunque admitió que fue tema de análisis en la reunión mantenida con legisladores nacionales y provinciales el pasado 2 de mayo cuando se produjo la sesión especial en la que juraron por la COM.
"En ese contexto, el problema laboral fue tema dominante, pero se planteó el ente regulador provincial y la reforma constitucional, que van relacionados y engarzados porque si se plantea una ley provincial para regular tarifas, que es una facultad del Concejo Deliberante, Comodoro tendría que cederla a otra jurisdicción que es la provincial. Hay que charlar esos temas. A título personal digo que si están de acuerdo el resto de los sectores en el Concejo, actores políticos y sociales de la ciudad, de ceder esa facultad, habría que hacer modificaciones a nivel constitucional inclusive", sostuvo Almirón.
El planteo de la comunidad en tal sentido resulta fundamental teniendo en cuenta que con la legislación vigente hoy en la provincia, el Consejo Consultivo que define las tarifas de referencia sobre las que regularía el ente tiene representación mayoritaria de los gremios y las cooperativas, que resultan beneficiarios directos de las tarifas, fundamentalmente de las cinco ciudades más grandes de la provincia que a través de la Ley 1098 que incluyen en su facturación a usuarios que aportan al sostén de las cooperativas más pequeñas -que dependen de la Subsecretaría de Servicios Públicos-.
Esa ley también imprime un aporte directo al gremio de luz y fuerza en función del Convenio Colectivo de Trabajo, un sindicato que además es accionista de Transpa (con alrededor del 16% de las cuotas parte), la trasportadora de energía que también posee vínculo directo con la tarifa.

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