Provincia podría controlar todas las tarifas eléctricas

Sería luego de la conformación del Ente Regulador de Servicios Públicos en Chubut. La decisión estaría atada a la ley provincial sancionada por la Legislatura en el marco de la declaración de emergencia de los servicios públicos que habilitó, por ejemplo, la aplicación del fondo de sustentabilidad y la creación de una tarifa de referencia.

"Tenemos el objetivo de poner en marcha el Ente Regulador de Servicios Públicos Provincial dado que ya existen algunas leyes que no se reglamentaron para que comience a funcionar este organismo. Chubut es una de las únicas provincias que tiene distintas tarifas en todos los municipios, dado que ellos poseen una relación individual con sus prestadoras y por lo tanto es difícil avanzar en soluciones de fondo si no se genera un marco único donde todos estén bajo un mismo objetivo".
El párrafo pertenece al flamante subsecretario de Servicios Públicos de Chubut, Pablo Korn, con objetivos como la creación de una empresa provincial de energía y reflotar el proyecto Ingentis, además de las inversiones anunciadas en materia eólica por inversores privados.
Sin embargo, la clave actual de sus recientes declaraciones está dada justamente por la creación del Ente Regulador, un organismo con potestad directa sobre la fijación de tarifas en las cooperativas del interior -controladas por la Subsecretaría- pero con la que también podría pretender avanzarse sobre otros municipios con base en la tarifa de referencia que tiene carácter de ley provincial y la que la mayoría de los municipios adhirieron en el marco de la declaración de emergencia de los servicios públicos que habilitó, por ejemplo, la aplicación del fondo de sustentabilidad.
Mientras las declaraciones de Korn fueron unívocas en ese sentido, es justamente en este punto por donde podría darse el debate para una eventual avanzada sobre las autonomías municipales dado que, más allá de la calidad de poder concedente que como municipio tiene por caso Comodoro Rivadavia -y potestad consagrada al Concejo Deliberante por Carta Orgánica para fijar tarifas-, vale recordar que cuando debió aplicarse el Fondo de Sustentabilidad, el Concejo Deliberante obvió el tratamiento parlamentario de rigor que ameritaba doble lectura y audiencia pública basándose en que se trataba de un fondo autorizado por ley provincial, un argumento que esta vez podría ser utilizado desde el propio ENRE, organismo por el que además reclaman extraoficialmente la mayoría de las cooperativas que apuntan a lograr tarifas mayores que las que los municipios autorizan.
De hecho, el anexo de la ley aprobada en la Legislatura en 2014 da fuerza de norma justamente al acuerdo firmado entre Provincia, la Federación Chubutense de Cooperativas y los municipios de Comodoro Rivadavia, Trelew, Puerto Madryn, Rawson, Esquel, Trevelin, Dolavon, Gaiman y Sarmiento que, según quedó establecido, estaba "destinado a ordenar, fijar pautas y garantizar la continuidad de los servicios esenciales en Provincia".
Ese acuerdo, que como se menciona tiene fuerza de ley, admite en sus artículos 3° y 4° que "el Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo arbitrará los medios más idóneos para realizar los estudios de costos que permitan establecer un esquema de Tarifa de Referencia Provincial, que esté sustentado en costos razonables, comparados con empresas similares en el ámbito nacional" y "la puesta en marcha de un esquema de Tarifa de Referencia Provincial tendiendo a que las tarifas tengan uniformidad y cubran como mínimo los costos operativos de las prestatarias y respondan en forma progresiva a costos en niveles razonables de eficiencia. Las tarifas de referencias se ajustarán periódicamente conforme a índices representativos de los costos".

LOS QUE DEFINEN
Por otra parte, y dado el tenor del tema en análisis, resulta necesario subrayar cómo está compuesta la representatividad en ambos organismos, Comité Ejecutivo del Consejo Consultivo y ENRE, que son quienes tendrán la toma de decisión tarifaria en todo Chubut, según lo anunciado.
El primero de ellos lo integran seis miembros, tres de ellos referentes del poder político al designar un miembro por el Ejecutivo provincial, uno por los municipios y uno por la Legislatura. Los otros tres resultan interesados directos en las tarifas a fijar: uno por la Federación de Cooperativas y uno por cada uno de los gremios vinculados a los servicios públicos (Luz y Fuerza y Obras Sanitarias).
El ENRE, en tanto, tiene marco en una ley sancionada en 1996 que nunca fue puesta en marcha y determina un organismo controlado absolutamente por el Ejecutivo provincial que define la designación de sus tres miembros. Vale recordar que el bloque FpV presentó en la Legislatura un nuevo proyecto que prevé un Ente integrado por cinco miembros, agregando dos referentes por los bloques de oposición en la Legislatura. No obstante, el mismo no tuvo tratamiento aún, con lo que el marco legal vigente en la provincia es el de 1996.

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