Abel Reyna fue condenado a 3 años de prisión efectiva por la coimas en el IPV

El juicio oral y público contra el exdelegado en Comodoro Rivadavia del Instituto Provincial de la Vivienda, Abel Reyna, concluyó ayer con sentencia condenatoria y a diferencia de otros casos el tribunal consideró que la pena de 3 años que se le impuso debe ser de cumplimiento efectivo. El condenando ya no podrá, nunca más, ejercer cargo, función, ni trabajar en la Administración Pública. Mientras la condena quede firme, Reyna seguirá en libertad ya que la Fiscalía no pidió su prisión preventiva.

La sentencia de 120 fojas a la que arribó la jueza penal, Mónica García, fue resumida verbalmente ayer desde las 13 en la sala principal de audiencias de la Oficina Judicial de Comodoro Rivadavia. Allí se le explicó al ahora condenado, Abel Reyna, cómo llegó la magistrado a esa determinación y se marcaron los falencias de la acusación, tanto pública como privada.

En ese contexto marcó una serie de errores, como imputarle un hecho a Reyna ocurrido posterior a su renuncia y, entre otros, que no haya investigado a Ricardo Trovant, entonces presidente del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) por no haber recibido las impugnaciones que le acercó una ciudadana durante el desarrollo del programa Casa Abierta.

“Es atribución de la Fiscalía decidir a quién investigar y a quién no, pero en el análisis de caso que trae a juicio la Fiscalía, es mi obligación decir que debió haberlo hecho”, sostuvo García.

También explicó que el delito por el cual fue llevado a juicio el exdelegado del IPV durante la gestión de Buzzi como gobernador de Chubut y de Trovant como presidente del Instituto, tiene una escala penal que va de 1 a los 10 años, pero al tratarse de un tribunal unipersonal la pena máxima que se puede aplicar es de seis años.

“En la acusación se fijó una pretensión punitiva de 3 años y la Fiscalía pidió 4 años en el alegato final sin haberlo informado al inicio del debate que ampliaría el monto”, sostuvo y agregó que la querella fue más allá y pidió cinco años.

La jueza además se refirió a la escasa cantidad de agravantes que mencionaron los acusadores para cuantificar la pena y recordó que fueron apenas dos, aunque ellas encontró por lo menos once aunque no pudo echar mano de ellos para aumentar la carga punitiva porque no fueron expuestos por la Fiscalía, ni la querella que representó al Estado como parte afectada.

En conclusión, por cada uno de los agravantes que describieron los acusadores público y privado se le sumó un año al mínimo de la pena, llegándose así al monto de tres años, sobre el cual la jueza consideró que deberá ser de cumplimiento efectivo.

Tras hacerle saber al condenado que tiene el derecho de impugnar la sentencia, la jueza lo declaró responsable penalmente por los delitos de cohecho en concurso real con concusión, ambos en concurso ideal con incumplimiento con los deberes de funcionario público, en concurso real con incumplimiento de los deberes de funcionario público, dos hechos en concurso real, imponiéndole la pena de 3 años de cumplimiento efectivo e inhabilitación perpetua para la función, cargos o empleo público

Además, lo absolvió de los siguientes delitos que formaron parte de la acusación: tráfico de influencias, uso de documento adulterado, falsedad ideológica. Todo ello por los hechos ocurridos entre el 30 de diciembre de 2011 y el 5 de setiembre de 2014 en perjuicio de la Administración Pública.

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