Abusó de una menor en Costa y en Trelew

En una audiencia preliminar desarrollada en sala de oficina judicial de Trelew, el funcionario de fiscalía Rubén Kholer solicitó la elevación a juicio oral del caso donde se imputa a una persona de 26 años por hechos de abuso sexual en perjuicio de una menor.

La jueza fue María Tolomei, participando el funcionario en forma virtual, al igual que el defensor Custodio Gómez y el asesor de menores Pablo Rey, mientras el imputado se encontraba presente.

De acuerdo a la acusación, se investiga el hecho ocurrido en fecha que no puede ser precisada con exactitud pero que data aproximadamente de los años 2013 hasta 2016, cuando el involucrado aprovechando la situación de convivencia preexistente sometió a la niña que en su momento tenía 7 años. Fue en domicilios de Gobernador Costa, para continuar de la misma manera cuando se trasladaron a Trelew.

Los hechos ocurrieron en un período de tres años, finalizando cuando el imputado rompió su relación sentimental con la hermana mayor de la víctima. La cantidad de hechos ocurridos en ese tiempo apelan a la modalidad de delito continuado.

La calificación jurídica es por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido contra una menor de 13 años, aprovechando la situación de convivencia preexistente en concurso ideal con promoción a la corrupción de menores agravada, todo ello en la modalidad de delitos continuados y en el contexto de violencia de género, artículos 119, 3er y 4to. párrafos inciso f, 125 3er párrafo, 45 y 55 en el contexto de la violencia de género ley 26485.

La jueza Tolomei resolvió la elevación a juicio del caso y admitió los elementos de prueba presentados por la fiscalía, que no tuvo objeciones por parte de la defensa. Por otra parte, consideró que se encuentra reforzada la probabilidad de autoría y coincidió con el Ministerio Público acerca de la subsistencia de los riesgos procesales fijados en los artículos 221 y 222 del código procesal relacionados con el peligro de fuga y entorpecimiento, para determinar la continuidad de la prisión preventiva del imputado hasta la realización del juicio oral, que deberá efectuarse con un tribunal colegiado debido a que la pretensión punitiva alcanza a los 16 años de prisión, de acuerdo a lo expuesto por el funcionario de fiscalía y que consta en la respectiva acusación.

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