El Consejo de la Magistratura declaró insatisfactorio el trabajo de la jueza de Familia de Comodoro Rivadavia Jorgelina Castillo durante el lapso agosto de 2022/agosto de 2025 y elevó su caso al Superior Tribunal de Justicia para que decida si acaso la sanciona. Lo decidió en su última sesión en la ciudad petrolera.
A la magistrada le achacan problemas de liderazgo y conducción que repercuten en el clima laboral de su Juzgado. “Se detecta incapacidad para gestionar los conflictos y el estrés inherentes al fuero, lo que derivó en un entorno de hostilidad, trato rígido, desigual y directivas despectivas hacia el personal subordinado, generando una alta e inusual rotación y renuncia de agentes”.
También, según publica Jornada, le enrostran un informe del 10 de abril de 2026 de la Oficina de Violencia Laboral de la Dirección de Recursos Humanos del Superior. Este documento constató “factores de riesgo asociados al destrato y afectación psicoemocional del plantel”.
Además, hay quejas del Ministerio de la Defensa Pública por las intromisiones de Castillo en el trabajo de los defensores “afectando el debido proceso y la toma de decisiones sin la debida escucha previa”. Según dijeron, la magistrada no celebró audiencias para casos sensibles.
En su descargo la jueza rechazó las imputaciones y atribuyó los conflictos y la rotación del personal a “la inmensa sobrecarga laboral del organismo, el exigente régimen de guardias de 24 horas y la dotación reducida de personal”.
Explicó que su Juzgado tiene un promedio de ingresos de 1.000 causas por año, más de 8.000 expedientes activos y sólo cinco empleados de planta para las guardias.
Como Castillo aseguró tener excelente relación con su equipo, el pleno del Consejo la interrogó sobre la “marcada disonancia” entre el clima de cordialidad que describe frente a la “inusual” presentación de quejas de sus empleados y el bajo índice de productividad de su área.
También le preguntaron por sus interferencias sobre la autonomía de la Defensa Pública durante las audiencias y la “naturaleza intimidatoria” de una reunión que convocó con su personal tras notificarse de la evaluación negativa. Pero frente a las preguntas la magistrada mantuvo sus justificaciones.
De modo unánime el pleno concluyó que estaban acreditadas “las anomalías de conducción y de interrelación personal detectadas”.
Pero si bien sus deficiencias de organización y de relación alcanzaron para declarar insatisfactorio su trabajo, la mayoría votó que no eran suficientes para que Castillo vaya a un jury, pese a que era la recomendación de la Comisión Evaluadora.
Ahora el STJ deberá “clarificar las discrepancias internas” y recabar más información sobre los informes técnicos de las áreas de Bienestar Laboral y Violencia Laboral. Lo más probable es que el caso termine en un fuerte llamado de atención de los ministros para Castillo.
Dictamen original
El dictamen original sobre su trabajo consideró que la entrevista personal con la jueza y con empleados y funcionarios, y los informes de organismos? instituciones vinculadas a la Justicia reflejaron “dificultades sostenidas en la gestión del equipo de trabajo y en las modalidades de interacción laboral de Castillo”. De su parte no hubo estrategias para resolver los conflictos ni fortalecer el clima laboral.
A ese documento lo firmaron los consejeros Fernando Peralta, María Bottini, Lucía González Almirón y Estefanía Alejo.
Según concluyeron, sus primeros tres años de trabajo presentan “debilidades relevantes” en cuanto a liderazgo, trabajo en equipo y conducción institucional.
No fueron episodios aislados sino testimonios múltiples y reiterados, y observaciones sobre sus modos de conducción y de funcionamiento de su equipo.
“La evidencia recolectada permite inferir un clima laboral de hostilidad y violencia que trasciende lo administrativo para constituirse en un riesgo directo a la salud psicofísica del personal y a la eficacia en la resolución de los casos (…) Nos encontramos ante un ejercicio autoritario del poder delegado por la ciudadanía”.
Según el dictamen, a poco tiempo de su designación Castillo “demostró una preocupanteincapacidad para gestionar el estrés inherente a la función, recurriendo a un tratodegradante hacia las partes y su propio equipo”.
“Esta conducta se agrava con una manifiesta falta de compromiso funcional y desidia hacia los sectores más desprotegidos: la omisión de celebrar audiencias en los casos más sensibles implicaun vaciamiento del principio de inmediación y de la tutela judicial efectiva”, escribieron.
“Es inadmisible que una jueza de familia no se interiorice de manera directa en la realidad fáctica de los grupos vulnerables y en riesgo bajo su jurisdicción; esta falta de contacto humano y jurídico con la realidad impide la adopción de medidas idóneas, denotando una apatía incompatible con la ética del cargo”.