En una entrevista con el medio Infobae, Adorni explicó que, ante la imposibilidad de vender el canal, el Ejecutivo evalúa como única alternativa “achicarlo todo lo que se pueda”. En ese sentido, sostuvo que la TV Pública “no se puede privatizar porque no lo permite la ley” y que el objetivo del Gobierno es reducir su estructura y funcionamiento a la mínima expresión.
El funcionario también confirmó que se ordenó retirar “toda la cartelería con contenido ideológico” del canal, al considerar que los medios públicos fueron utilizados con fines partidarios en gestiones anteriores. Según explicó, el cambio de nombre apunta a marcar simbólicamente una nueva etapa y a despegar a la señal de lo que el oficialismo asocia con el kirchnerismo.
Consultado sobre la posibilidad de cerrar la TV Pública, Adorni dejó abierta esa alternativa al señalar, con tono irónico, que el canal “está a la chance de cerrarse”, aunque evitó precisar cómo se materializaría una decisión de ese tipo. Tampoco brindó detalles sobre cuál será la nueva denominación de la señal y, ante la insistencia periodística, respondió escuetamente: “Porque no”.
La reestructuración de los medios públicos se da en un contexto de intervención estatal prorrogada por el Gobierno mediante el Decreto 79/2026, que extendió el control sobre Radio y Televisión Argentina (RTA) hasta el 1º de febrero de 2027. En paralelo, el Ejecutivo impulsa un plan de retiros voluntarios que apunta a reducir cerca de 500 puestos de trabajo, lo que representa aproximadamente el 20% de la planta total de los medios estatales.
Los gremios del sector —entre ellos SATSAID, SiPreBA, APJ y SALCo— rechazaron el ajuste y advirtieron sobre el impacto social y laboral de las medidas. Denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo, con salarios prácticamente congelados desde agosto de 2024, y alertan que el recorte de personal y el vaciamiento presupuestario podrían provocar un “daño irreversible” al sistema de medios públicos.
En ese marco, las organizaciones sindicales también cuestionan el rol de la recientemente creada Oficina de Respuesta Oficial del Gobierno, a la que señalan como un nuevo instrumento de control del discurso público, en un escenario que profundiza la tensión entre el Ejecutivo y los trabajadores de la comunicación estatal.
La redefinición del futuro de la TV Pública se da así en medio de un fuerte debate político e institucional sobre el rol del Estado en la comunicación, el acceso a la información plural y el alcance del ajuste impulsado por el Gobierno nacional.