La Justicia ordenó este miércoles a la mañana una serie de allanamientos en el marco de la causa que investiga la intervención de la obra social del gremio de empleados rurales (Osprera). Uno de esos procedimientos ocurrió en la sede de la empresa HTECH Innovation, de Sergio Andrés Aguirre, socio del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Esa firma había sido contratada por la obra social cuando ya estaba intervenida. El contrato finalmente fue suspendido tras la revelación de este medio, revela el diario La Nación.
Por orden de la Justicia, la Policía Federal también allanó la sede de Osprera, en Reconquista al 600, con el objetivo de secuestrar documentación vinculada a los contratos con las droguerías Suizo Argentino, salpicada en el expediente por los audios de Diego Spagnuolo, DISVAL y ORIEN. Concretamente, la orden judicial habla de “documentos, constancias, órdenes de pago, facturación, actuaciones relativas a la modalidad y procedimiento de elección y compra” emitidas a partir de noviembre del año pasado, cuando la obra social ya estaba intervenida por el Gobierno.
La droguería Suizo Argentina es una de las principales proveedoras de la obra social de los empleados rurales. En los primeros cinco meses de la intervención, Osprera emitió órdenes de pago por más de $7700 millones a favor de esa droguería.
Pero todavía hay deudas millonarias pendientes. Una auditoría encargada por el interventor de la obra social, Marcelo Petroni, y enviada al extitular de la Superintendencia de Salud (SSS), Gabriel Oriolo, el 27 de junio pasado, detalla que Osprera le debía a la Suizo Argentina más de $3000 millones cuando se concretó la intervención. El principal acreedor, en ese momento, era la Droguería Disval.
La PFA también fue a la sede de Osprera con la orden de llevarse toda la documentación disponible sobre HTECH Innovation, contratada por la primera interventora de la obras social, Virginia Montero, para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social.
SE CREO CUATRO MESES DESPUES DE LA ASUNCION DE MILEI
HTECH Innovation había sido creada en abril de 2024, cuatro meses después de que Javier Milei llegara al poder. Los dueños de esa firma son Martín Aguirre (socio de Menem en la empresa TR Nutrition), Maria Casandra Mirabelli, Sergio Andrés Aguirre y Stefano Antonio Zanetti.
La Justicia reclamó especialmente los mails corporativos “que permitan reconstruir la relación entre OSPRERA y la sociedad HTECH INNOVATION SA, sus socios y/o responsables”.
El último procedimiento ocurrió en la Superintendencia de Salud (SSS), donde la Policía fue a buscar expedientes administrativos, resoluciones, y correos electrónicos relacionados a la intervención de Osprera.
Todos los operativos fueron encargados por el fiscal Guillermo Marijuan y ordenados por el fiscal Sebastián Casanello.
El expediente principal comenzó con una denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, contra sus rivales en el gremio, a los que acusó de haber querido tomar ilegalmente el control. Pero luego se sumaron otras tres causas satelitales donde se investiga la muerte de varios pacientes de Osprera, los pagos a la droguería Disval, y la contratación de la empresa HTECH Innovation.
El nombre de Martín Aguirre ya había aparecido cuando se peritó el teléfono del interventor de Osprera. El 13 de enero de este año, Petroni le escribió: “Estan todos guerra con JV. El loco, Andrada, Aixa...”. Y luego agregó: “Julio (Cordero) tiene que poner huevos. Hay que intervenir UATRE”. “No Hay otra”.
La pericia del teléfono de Petroni reveló además el vínculo estrecho entre ese funcionario y Eduardo “Lule” Menem, apuntado también por los audios de Diego Spagnuolo. “Nosotros somos Lule y Karina”, afirmó el interventor el 22 de enero en un mensaje enviado a un empleado de Osprera que declaró en la causa como testigo.
Unos días antes, Petroni se comunicó con otro contacto y volvió a mencionar a Martín Menem. “Me reuní con Julio Cordero el Secretario de Trabajo de la Nación y con Mario Lugones el Ministro de Salud” y “después con Martín Menem en Casa Rosada”.
La semana pasada, el juez Casanello ordenó un análisis de las llamadas entre todos los imputados por la intervención de la Osprera. Al mismo tiempo, le pidió a las compañías telefónicas que aporten las llamadas entrantes y salientes hechas entre el 15 de diciembre de 2024 y el 20 de febrero de este año. En ese informe, deberán detallar “las celdas y antenas” que se activaron en cada comunicación para conocer dónde estaban ubicados.