La ley 26160 nació en 2006 y tiene tres artículos: el primero prohíbe el desalojo en territorio indígena, pide al Instituto Nacional de Asuntos Indígenas un relevamiento de esas tierras y culmina con la titulación de las mismas.
Sin embargo, este mediodía Daniel Loncón miembro del equipo de la Cátedra de Pueblos Originarios de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco reconoció que incluso al día de hoy y con la ley en plena vigencia, hay provincias que ni siquiera han iniciado ese proceso.
Loncón, además manifestó que es clave el posicionamiento que adoptará la dirigencia de todo el país, en un contexto regional complicado e incluso latinoamericano. “Estamos viviendo un nivel de criminalización muy grande que establece frenar los desalojos, aunque la Constitución nacional y en nuestro caso la Constitución Provincial ya lo establecen, lo que creemos es que si surge una ley que tenga que restablecerlo es porque no se estaba cumpliendo y se estaban produciendo desalojos” destacó en comunicación con radio Del Mar.
“Hay que ver el rol que toma la clase dirigencial para resolver este tema de fondo, con la complejidad que ello implica, con el aliciente de una desaparición forzada en territorio indígena, pidiendo por la libertad de Facundo Jones Huala que comenzó su reclamo por la propiedad de la tierra también”, dijo.
En este sentido, Loncón indicó que espera que se cumpla el compromiso del oficialismo de votar la prórroga “para no seguir favoreciendo un nivel de conflictividad social a raíz de no tratar un tema en profundidad”.