El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso ha decidido activar este miércoles a la mañana la herramienta constitucional conocida como muerte cruzada, por la que se disuelve el Parlamento, sólo horas después de que éste iniciara el juicio político para su destitución.
“He decidido aplicar el artículo 148 de la Constitución que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política”, aseguró el mandatario conservador, quien también ha solicitado al Consejo Nacional Electoral (CNE) la “convocatoria inmediata de elecciones”.
“Es una decisión democrática porque es constitucional y porque devuelve al pueblo el poder de decidir su futuro”, aseguró el presidente, a días de cumplir la mitad de su mandato. Lasso ha culpado al Parlamento de bloquear desde el primer día la acción de su gobierno.
El presidente también ha dado a conocer que ha remitido a la Corte Constitucional el primer decreto de urgencia económica para reducir impuestos y fortalecer la economía de 460.000 familias ecuatorianas. A partir de ahora, el mandatario solo gobernará por decreto.
La Asamblea Nacional se encuentra militarizada desde muy temprano. Nadie puede ingresar en su interior. Desde el martes a la tarde se conoció que las Fuerzas Armadas habían recibido la orden de acuartelarse. Los diputados tenían previsto continuar el juicio político dos horas después de la cadena nacional, ya que una treintena de ellos faltaba por intervenir.
Diputados de la bancada de la revolución ciudadana habían adelantado su intención de atrincherarse en el Parlamento si Lasso decretaba la muerte cruzada. También Leónidas Iza, líder de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (Conaie), amenazó con convocar una nueva toma de la capital si Lasso decidía dar este paso.
En cadena nacional desde el Ministerio de Defensa, los militares aseguraron que mantendrán su “absoluto respeto a la Constitución y las leyes”, señaló Nelson Proaño, jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. El jefe militar adujo que la decisión presidencial es constitucional y debe ser respetada por los ciudadanos.
El expresidente Rafael Correa, que lidera desde el exterior la alianza opositora que ha cercado al gobierno conservador de Lasso, reaccionó desde redes sociales para asegurar que la muerte cruzada es ilegal.
“Obviamente no hay ninguna ‘conmoción interna’. Tan solo no pudo comprar suficientes asambleístas para salvarse. En todo caso, es la gran oportunidad para librarnos de Lasso, de su gobierno y de sus asambleístas de alquiler y recuperar la patria”, destacó Correa.
Lasso niega las acusaciones de que hizo la vista gorda ante la supuesta malversación de fondos relacionada con un contrato en la empresa estatal de transporte de petróleo Flopec, argumentando que su administración hizo cambios rentables al acuerdo, que se firmó años antes de que él asumiera el cargo.
Fuente: La Nación