"¿Cómo te ves como repositor de La Anónima?"

Mientras uno de los querellantes de la causa pedirá que Correa y Gatica paguen una multa de 10 millones de pesos cada uno, comenzó la discusión por las pruebas y las calificaciones jurídicas. La audiencia concluye hoy. Declaró Christian Gisande, exdirector de Viviendas Oficiales, detallando las amenazas para firmar notas que justificaran la contratación de Dual Core, la empresa del extitular de la Unidad Gobernador.

La querella de Iniciativa Ciudadana (IC) pedirá que el extitular de la Unidad Gobernador, Diego Correa, y el contador Federico Gatica, vayan a prisión al menos 8 y 5 años respectivamente, y paguen una multa de 10 millones de pesos cada uno. Los considera piezas clave en el desfalco al Estado que se juzgará en la Causa “El Embrujo”, que tomó estado público el 7 de marzo y en donde serán acusados junto con otras 10 personas.

Según diario Jornada, fue uno de los datos relevantes de la primera audiencia preliminar al juicio oral y público, realizada en Rawson y en donde el único imputado ausente fue Rubén Darío “Bedo” Reinoso, en Capital Federal por problemas de salud justo en el día de su cumpleaños.

El funcionario de Fiscalía, Lucas Kolsch, leyó la acusación de la Unidad Anticorrupción. Fabián Gabalachis, defensor de los hermanos Diego y Darío Correa y de las hermanas Natalia y Giuliana Mac Leod, quiso saber los hechos por las cuales a Natalia le imputan enriquecimiento ilícito. El fiscal Alex Williams le aclaró que es por la compra de un inmueble en el barrio Las Margaritas, una Ford Ranger, un Mercedes Benz y 4 mil dólares que le secuestraron.

IC adelantó las penas que pedirá en el juicio oral y público. Coincidió con la pretensión de Fiscalía con dos diferencias: para Gatica pide 10 millones de multa y 5 años de prisión; la UA pide 5 millones y 4 años y 6 meses. Esta organización civil pedirá formar un Consejo Consultor para que los bienes recuperados de la corrupción no regresen al Estado sino que se distribuyan en entidades de bien social.

GATICA LAVABA

Javier Patricio Romero, defensor del contador, cuestionó que al lavado de dinero que le imputan lo agraven con la figura de “habitualidad” ya que no tiene antecedentes. Dijo que en todo caso debe cuestionarse a la figura jurídica –en este caso, Mezeta Consulting- y no a la persona. El fiscal Omar Rodríguez le aclaró que según la doctrina más reciente, si el delito es lavado no hace falta una condena anterior. “Justamente, el presidente era él y el socio, su hermano. Nadie más. Eligió una sociedad anónima para lavar plata”, puntualizó.

Leandro Benítez, abogado de Diego Lüthers, recordó que lo imputan en El Embrujo, Revelación y por la Emergencia Climática. Pidió unificar sus causas. “Lo acusan de integrar dos asociaciones ilícitas en el mismo tiempo y lugar. Esto puede afectar su derecho de defensa porque puede haber contradicción de hechos”. Los fiscales se negaron. “Las causas están en etapas procesales distintas y no sabemos si Lüthers en las otras llegará a juicio, ni con qué figura, ni si habrá alguna conexión”, se opuso Williams.

Benítez pedirá el testimonio, entre otros, de María Eugenia Felicetti (esposa de Lüthers); del procurador general Jorge Miquelarena; de Alejandro Sandilo (secretario privado del gobernador Mariano Arcioni); de Gonzalo Carpintero (hoy con arresto domiciliario por la causa “Revelación”), del escribano Marcelo Lizurume y de Michael Obrecke, chofer oficial.

EL AMENAZADO

El primer día sólo declaró el exdirector de Viviendas Oficiales, Christian Gisander. Comenzó en su función en enero de 2016. Le habían prometido la Dirección de Logística pero finalmente allí asumió “Bedo” Reinoso. “Entonces me ofrecieron ir a Viviendas; ‘si te gusta bien y si no, andá a buscarte un trabajo’, me dijeron”.

Explicó que las casas oficiales tenían “cero mantenimiento” y que le pidieron relevarlas para saber cómo las había entregado la gestión Buzzi. Empezó a recibir órdenes de Correa a través de Lüthers. “Se instaló un régimen verticalista. Mi área no tenía ni tóner para hacer una nota. No merecía ese trato pero sabía que negarme era negarme a la palabra de Correa y del gobernador y perder el trabajo. Por eso firmé notas para expedientes que nunca vi. Era una incomodidad total y todo eran órdenes imperativas”.

Pero dijo que un día no pudo más. Cuando asumió Pablo Durán como ministro de Gobierno “le pedí que por favor me sacara de esa oficina porque sospechaba que algo administrativamente no estaba bien. Los fiscales me investigaron y saben que no me llevé un centavo ni me enriquecí. Me siento defraudado por la burocracia. Traicionaron mi confianza y fui un medio necesario para un negocio”.

“No niego que firmé, pero para no perder el trabajo –declaró-. Las notas me las dictaban por teléfono, las imprimía en Casa de Gobierno y las firmaba sueltas en el escritorio de Lüthers en la Privada”. Esas notas justificarían luego la contratación directa de Dual Core para las refacciones. Gisande reveló que para amenazarlo le sugerían: “¿cómo te ves como repositor de La Anónima?”. Y que no estaba autorizado a contratar “ni comprar ni un paquete de yerba. No quería saber más nada”.

“Me llamaban y me decían ´Firmá y andate´. No me daban tiempo ni de leer. Esa es la realidad”. Lo acusan de firmar 7 notas idénticas en un solo día pero aseguró no haber firmado más de 4. Nunca vio los expedientes donde esas notas se insertaron. Aclaró que no usurpó cargo: trabajó desde enero sin sueldo hasta junio, cuando lo nombraron.

Matías Cimadevilla, defensor de Gisande, pidió su sobreseimiento al considerar “contundente” su declaración. “No soportaba más presión ni quería firmar más nada”, acotó. Pero el fiscal Rodríguez interpretó que sus dichos “tienen un peso relativo” y que “Correa es el denominador común que todos usan para zafar. Lo cierto es que ante las amenazas que recibió, eligió cometer lo que nosotros consideramos delitos”.

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