Francisco Ricardo Martín Meza (28), de la ciudad de Trelew está sindicado de ser presunto autor del delito de estafa. El joven fue acusado por adquirir una máquina de videojuegos y engañar al vendedor al no efectuar el pago correspondiente. Sin embargo, el juez hizo lugar al pedido de intervención de la oficina de Solución Alternativa de Conflictos (SAC).
En el acto judicial de apertura de la investigación de este miércoles, el abogado de fiscalía Matías Ayuzo (foto) informó que el hecho ocurrió el 20 de julio de 2021. En esa ocasión, el imputado, a través de la red social Facebook, se identificó como “Mauricio Rojas”. Allí se contactó con el damnificado utilizando la plataforma de ventas Marketplace.
En ese espacio, la víctima ofrecía a la venta una consola de videojuegos y cinco juegos. Intercambiaron los números de teléfonos. En este contexto, Meza le solicitó al vendedor el número de Clave Bancaria Uniforme (CBU) para depositar el importe de la compra.
Minutos más tarde le envió un comprobante de transferencia de pago por la cifra de 30 mil pesos. En este marco, el investigador señaló que el comprobante que había enviado Meza era adulterado y que nunca había efectuado la contraprestación. Meza le manifestó al vendedor que seguramente el pago se haría efectivo en el plazo de 72 horas.
El vendedor remitió los elementos desde Comodoro Rivadavia a la ciudad de Trelew a nombre de Francisco Ricardo Meza porque de esta manera se lo había solicitado el presunto comprador. El 23 de julio de 2021 Meza se presentó en la empresa de transporte de mercaderías y retiró la consola con los juegos.
Para los acusadores, esto se tradujo en una disminución patrimonial del denunciante, en función de que nunca recibió contraprestación patrimonial.
A su turno, el abogado Sebastián Martínez Bianchi manifestó que no se opondría al pedido de apertura de la investigación efectuado por la fiscalía. Asimismo, indicó que luego de dialogar con su asistido acordaron la propuesta de llegar a una solución alternativa del conflicto. Para ello, propusieron pagar la suma de 60 mil pesos en tres cuotas de 20 mil.
El representante de fiscalía refirió que darían intervención a la responsable de la Oficina de SAC para que informe al damnificado sobre la propuesta.
El juez Rosales resolvió tener por formalizada la investigación preparatoria del juicio en orden al delito de estafa por los hechos descritos por el abogado de fiscalía. También otorgó el plazo de seis meses de investigación e hizo lugar a la intervención del SAC en el caso.