A contramano del relato oficial que prometía el final de los planes sociales, los primeros dos años del gobierno de Javier Milei muestran un resultado inverso: la asistencia directa a los sectores más vulnerables no solo se mantuvo, sino que fue la única política de ingresos que logró ganarle de manera sostenida a la inflación. En ese dato se condensa una de las claves centrales del experimento libertario y se explica, en buena medida, la ausencia de conflictos sociales masivos pese a la profundidad del ajuste.
Los números son elocuentes. A diciembre de 2025, la Asignación Universal por Hijo alcanza a más de 4,1 millones de titulares —incluidos casi 94 mil beneficiarios por discapacidad— y la Tarjeta Alimentar llega a 2,5 millones de familias, con cobertura sobre más de 4,5 millones de niñas y niños. En total, el sistema de transferencias supera los seis millones de prestaciones, un récord histórico que consolida un giro estructural: la Argentina se aleja del perfil de país de clase media y se aproxima a un esquema de contención social propio de economías más desiguales de la región.
La evolución real de los ingresos confirma la singularidad del fenómeno. De acuerdo con informes del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), tanto la AUH como la Tarjeta Alimentar fueron las únicas variables que crecieron de manera consistente por encima de la inflación. El contraste con el resto del mercado laboral es marcado: el salario mínimo perdió poder adquisitivo mes tras mes y hoy apenas cubre una fracción de la Canasta Básica Total, mientras que las jubilaciones siguieron una trayectoria similar.
Lejos de eliminar la política social, el oficialismo introdujo una reconfiguración. Por un lado, desplazó a las organizaciones sociales de la intermediación; por otro, fortaleció las transferencias directas del Estado hacia los hogares más pobres. Esa doble estrategia permitió sostener un piso de consumo básico en un contexto de fuerte deterioro salarial y explica por qué el ajuste no derivó en un estallido social.
El recorrido histórico ayuda a dimensionar el cambio. En 2015, Cristina Fernández de Kirchner dejó el gobierno con alrededor de 250 mil planes sociales, cifra que luego fue utilizada como símbolo de estigmatización. Con Mauricio Macri, la asistencia se expandió hasta cerca de 1,5 millones de beneficiarios. Durante la presidencia de Alberto Fernández, y en el marco de la pandemia, el número trepó a cuatro millones. Con Milei, lejos de revertirse, esa tendencia se profundizó aun sin emergencia sanitaria, alcanzando niveles inéditos.
En términos de poder de compra, la política de ingresos destinada a la infancia alcanzó valores históricamente altos. Durante la gestión libertaria, la AUH se ubica un 23 % por encima de la que se pagaba al final del gobierno anterior y un 10 % por encima de la vigente durante la presidencia de Cristina Kirchner, cuando el programa fue creado. La mejora se explica por aumentos extraordinarios: la suba real interanual ronda el 47 %, y según mediciones oficiales, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024 el incremento acumulado se acercó al 100 %. Ese refuerzo funcionó como amortiguador frente al impacto de la devaluación de diciembre de 2023, que licuó salarios y jubilaciones y nunca terminó de revertirse.
La paradoja se profundiza al observar el empleo. En los primeros dos años del actual gobierno se perdieron cerca de 180 mil puestos de trabajo formales, con una aceleración notable en los últimos meses. Solo en octubre se destruyeron unos 70 mil empleos. Así, mientras el discurso insiste en el achicamiento del Estado, la red de contención social se consolida como el principal sostén de la estabilidad política.
Incluso con estas mejoras, los programas no sacan a los hogares de la pobreza. Según la Fundación para el Desarrollo Humano Integral, AUH y Tarjeta Alimentar apenas cubren una porción de la Canasta Básica Total. Sin embargo, logran contener el umbral alimentario, un dato clave para entender la ausencia de una crisis social generalizada.
A nivel territorial, parte de la contención recayó también en las provincias, a pesar de ser otro de los blancos del ajuste nacional. En Santa Fe, por ejemplo, la demanda de asistencia alimentaria creció alrededor de un 30 % durante 2025. Programas provinciales alcanzan a más de 246 mil personas en 177 localidades, con una inversión mensual superior a los 3.800 millones de pesos, reforzada con partidas extraordinarias en momentos críticos.
El balance es claro: el modelo libertario descargó el costo del ajuste sobre el salario, el empleo y las jubilaciones, pero blindó la asistencia directa. En términos políticos, la política social no desapareció; se transformó en el ancla de gobernabilidad de un esquema económico que ajusta el trabajo mientras amortigua la indigencia. Una contradicción que atraviesa el corazón del proyecto y redefine el sentido mismo del “fin de los planes” prometido en campaña.