El intendente de Sarmiento, Sebastián Balochi, decidió no renovar el convenio de concesión del servicio eléctrico a la Cooperativa de la localidad. La medida, rechazada por la prestataria, desató un conflicto que podría tener consecuencias que afecten a Comodoro Rivadavia, Rada Tilly, Caleta Olivia y yacimientos petroleros de la región.
“HOSTIGAMIENTO”
En este contexto, este martes, los integrantes del Consejo de Administración de Coopsar (foto) brindaron una conferencia de prensa en la que dieron a conocer un comunicado en el que solicitan la intervención del gobernador, Mariano Arcioni; del intendente de Comodoro, Juan Pablo Luque, y de los directivos de Cammesa.
En dicha presentación, los directivos respondieron las críticas del Ejecutivo sarmientino, a quien acusaron de tener una “modalidad de hostigamiento” que “se ha materializado de manera evidente al no renovar el Convenio de Concesión del Servicio Eléctrico, plasmado en la resolución recientemente emitida por el Ejecutivo”.
“Coopsar, mediante este accionar, ha respondido a cada punto que cuestionara el referente del municipio y ha hecho particular énfasis en la falta de actualización de las tarifas (que representan un 20% de la deuda con Cammesa). También, en la falta de pago por parte de la Provincia del costo de la energía que se aporta para el bombeo de agua a las ciudades de Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Rada Tilly, y el área petrolera”, sostiene el comunicado brindado por el Consejo de Administración de la cooperativa.
ACCIONES
Y resaltan que “el consumo de energía del acueducto comprende el gasto del 80% de la energía que Cammesa le vende a la Cooperativa de Sarmiento. Hoy, la deuda total de la Cooperativa con la distribuidora mayorista es cercana a los 4.800 millones de pesos. Esta deuda no es considerada por los referentes políticos regionales, como los intendentes de las ciudades vecinas o por el Gobierno provincial, quienes son los que deberían cubrir el costo de esa energía”.
Desde la cooperativa de Sarmiento consideran que “ante este contexto de crisis, el Ejecutivo local debería gestionar medidas que atiendan la urgencia ante Cammesa y la Provincia y las ciudades vecinas en lugar de quitar la concesión eléctrica. Como consecuencia de dicha medida, la deuda continúa incrementando”.
Por esa razón pidieron la intervención del intendente Juan Pablo Luque y de intendentes de otras localidades, así como también del gobernador de la provincia, Mariano Arcioni, y de los directivos de Cammesa.
“FALTA DE RESPONSABILIDAD”
En tanto, la Federación Chubutense de Cooperativas de Servicios Públicos (FECHCOOP) también se pronunció en torno al conflicto desatado en Sarmiento ante la decisión del intendente Balochi.
“Esta decisión unilateral pone de manifiesto una falta de responsabilidad del concedente en garantizar la prestación de un servicio tan esencial como el de la distribución de energía eléctrica, y volviéndose un ataque directo a una institución histórica de la ciudad, que pone en riesgo no solo la estabilidad laboral de sus trabajadores, sino a la Cooperativa en su conjunto, entidad que pertenece a los socios de la localidad de Sarmiento, legítimos propietarios de la misma”, afirmó la Federación a través de un comunicado.
Y agregó que “este hecho, lejos de ser aislado, es una afrenta más de parte del concedente hacia la cooperativa, que la ha llevado a una situación de quebranto. Lo supuestos incumplimientos que señala la resolución tuvieron y tienen su origen en las permanentes decisiones de la Intendencia, incluso por sobre el Concejo Deliberante, de ahogar financieramente a Coopsar, no reconociendo una actualización tarifaria que garantice cubrir los mínimos gastos operativos en la prestación de un servicio público esencial como es la provisión de energía eléctrica”.
“Coopsar tuvo que mantener la prestación de los servicios a costa de endeudarse, porque siempre puso por sobre el conflicto al usuario y su legítimo derecho de obtener calidad de vida mediante la contratación de un servicio indispensable para la vida y el desarrollo de la comunidad”, afirmó la Federación y se preguntó “¿cuál es el plan de la Intendencia para brindar los servicios?¿Acaso intereses privados o externos a la comunidad son los que buscan quedarse con el servicio?¿O acaso la Intendencia de la localidad posee la capacidad de prestar los servicios con la calidad que lo hace la hoy prestataria, y a qué costo?”.