Crettón y Cabral: "hubo cuestiones que no se iban a poder probar"

Ambos fiscales explicaron en detalle por qué no impulsaron la causa que involucraba a funcionarios municipales de 2017 y a empresarios, lo cual les valió críticas desde algunos funcionarios del Gobierno provincial, sobre todo del ministro de Seguridad, Héctor Iturrioz, quien había impulsado la investigación luego de declaraciones públicas de Fernando Alvarez de Celis, quien ahora comparte gabinete con él.

Los fiscales Marcelo Crettón y Adrián Cabral brindaron este lunes una conferencia de prensa para aclarar por qué solicitaron la semana pasada no pedir un juicio oral y público en la causa denominada “Emergencia Climática”, instruida por el actual ministro provincial de Seguridad, Héctor Iturrioz, cuando se desempeñaba en el Ministerio Público Fiscal. El ahora funcionario decidió entonces actuar de oficio luego de tomar nota de declaraciones públicas del dirigente del PRO, Fernando Alvarez de Celis, quien hoy se desempeña como coordinador de Infraestructura de Chubut.

En concreto, este lunes Crettón sostuvo que la solicitud de sobreseimiento en esta causa particular “fue solicitada después de un exhaustivo análisis que hicimos con el doctor Cabral, a quien se le había adjudicado la causa. El hizo un trabajo minucioso y lo abordó conmigo. Esto dio como resultado que se hiciera el pedido que se basa en que el material probatorio reunido no era suficiente para llevar a cabo el juicio oral y público”.

Según deslizó, la instrucción de la causa por parte de Iturrioz omitió testimonios y pericias caligráficas que le hubieran dado sustento probatorio a la acusación.

“Estas cuestiones las consideramos esenciales y no quiero polemizar absolutamente con nadie, menos con el actual ministro de Seguridad. Nosotros cumplimos una función esencialmente jurídica”, resaltó el jefe de fiscales de Comodoro Rivadavia.

Además, aclaró que “no es la primera vez que ocurre en el ámbito del Ministerio Público Fiscal una situación de estas características. Ha pasado que determinados fiscales han tenido que suplir a otros”.

SIN EVIDENCIAS NO SE PUEDE

Por su parte, Cabral ratificó que faltaron evidencias y que “hay cuestiones que no se pueden probar. Yo sé lo que es un juicio; no soy un improvisado. Al evaluar cómo estaban planteados los hechos, consideré que no se iban a poder probar las acusaciones”, aclarando que “no estoy hablando de que no ocurrió un hecho, ni de que va a quedar impune”.

Crettón insistió en que “no hubo ninguna intención de no hacer el juicio. Lo teníamos programado hace 50 días. Esta decisión se tomó por una cuestión de objetividad: el fiscal tenía la plena consciencia de que en el debate no se van a obtener los resultados esperados. Este análisis se hizo de manera consciente”.

LO QUE ITURRIOZ NO HIZO

En la presentación del pasado jueves, Cabral dejó sentado ante el Tribunal que su antecesor, Iturrioz, efectuó una especie de “imputación antojadiza a algunas personas y a otras no. Se hace referencia a un empleado de una de las empresas -un tal Garrido- que también firmaba como los funcionarios municipales estos partes, y no hay imputación respecto a esa persona. Hay presunciones de que Astiz es amigo de (Carlos) Linares (entonces intendente de Comodoro Rivadavia), y por eso lo favoreció en los hechos, pero acá no hay ninguna imputación en contra del intendente en ese momento; ninguna imputación al funcionario en cuanto a la posibilidad de la figura del cohecho”, planteó Cabral.

En ese contexto, concluyó que sería un “dispendio jurisdiccional innecesario” llevar adelante el juicio, pues no se podría acreditar la autoría y la materialidad con relación a los delitos por los cuales fueron acusados los ex funcionarios municipales.

Cabral, en cambio, dijo que sí podría entrar en juego alguna figura culposa, pero subrayó que como esa variante imputativa no había sido ensayada por Iturrioz, la posibilidad de responsabilizar por ella a los encausados se había desvanecido.

Cabral insistió en que le parecía “incomprensible” por qué el fiscal Iturrioz había dejado de imputar a otras personas que estaban dentro del mismo organigrama y enfatizó que debía reconocerse “la mala tarea del Ministerio Publico en el particular”, anunciando luego que retiraría la acusación de los imputados.

En cuanto al pedido de juicio político que anunciaron para ellos el vicegobernador Gustavo Menna y la diputada nacional Ana Clara Romero, ambos fiscales optaron por no opinar hasta conocer de qué se los acusa.

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