Recibieron la pena de seis meses de prisión en suspenso y deberán pagar las costas del juicio.
Ya en la primera audiencia de debate oral y público celebrada en diciembre, ocho imputados aceptaron el acuerdo conciliatorio de destruir las viviendas levantadas en el predio usurpado en playa Magagna, y de esa forma fueron absueltos de culpa y cargo. Se trata de Fernando Mayo, Guillermo Vaughan, Daniel Aguayo, Marta Lizama, Raúl Castillo, Luis Rodríguez, Carlos Alonso y Carlos Ojeda. El juicio prosiguió y ayer el juez penal César Zaratiegui dio a conocer la sentencia condenatoria contra los restantes cinco imputados que participaron del juicio.
Así Alejandro Tejada, Gumersindo Rodríguez, Bruno Muñoz y Paola Muñoz fueron condenados “usurpación con clandestinidad” y deberán purgar una pena de seis meses de prisión en suspenso y pagar las costas del juicio. Mientras tanto, Karen Neira, resultó absuelta. Además, el restante acusado Gustavo Bernardi permanece prófugo.
Tras la audiencia, la fiscal general Griselda Encina expresó su satisfacción por el resultado del debate luego de dos años de investigación. “No tengo presente las estadísticas oficiales y quizás corra el riesgo de equivocarme, pero a primera vista creo que en la provincia no existe ninguna denuncia de usurpación que haya llegado a juicio oral y público”, analizó la funcionaria judicial.
Para el magistrado, en tanto, durante el debate y de los dichos de los testigos policiales, de la denunciante Mercedes Bilbao, del agrimensor Ramón Alvarez y del abogado Luis Solivella, quedó probada la “clandestinidad” de la conducta de cuatro de los cinco imputados.
Aclaró que las circunstancias de violencia de la que fueron víctimas los tres testigos no pudieron constatarse que hayan sido cometidas por las personas sentadas en el banquillo de los acusados.
En cuanto a los culpables no podrán estar involucrados en otros delitos, deberán abstener de bebidas alcohólicas y hacerse cargo de las costas del juicio, que incluye los honorario de los abogados querellantes Jorge Rubeolo y Gonzalo Torrejón, representantes de la familia Galina, propietarios de las tierras usurpadas, en donde además existe casi un centenar y medio de construcciones.