De acuerdo al informe suministrado por la División de Comunicaciones de la Policía de Santa Cruz, los allanamientos comenzaron de manera simultánea a las 7:20 encabezados por personal de la División de Investigaciones (DDI) de esa ciudad.
Dicho operativo, de carácter internacional, fue coordinado por el Ministerio Público Fiscal de la Provincia de Buenos Aires, a través del Cuerpo de Investigaciones Judiciales y la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos, bajo el encuadre legal por el delito de tenencia y divulgación de material de abuso sexual infantil, a partir de reportes emitidos por el National Center for Missing and Exploited Children (NCMEC).
Las medidas judiciales fueron ordenadas por el Juzgado de Instrucción N° 2 local, a cargo de la dra. Yamila Borquez; el Juzgado de Instrucción N° 3 local, a cargo de dr. Gerard Giménez; y el Juzgado Penal Juvenil, a cargo del dr. Fernando Zanetta.
Los procedimientos se concretaron en domicilios ubicados en calle Zapiola al 2.000, Gobernador Moyano al 100, Pirulo Álvarez al 100, López Encina al 500, Barrio San Benito, Ayres Argentinos,Madres de la Lucha, Arturo Illia al 2.400 y Belgrano al 800.
Las diligencias contaron con la participación de personal de las Divisiones de Cibercrimen, Narcocriminalidad y Trata de Personas.
Como resultado de los allanamientos se procedió a la demora de cuatro personas mayores de edad (20, 32, 39 y 42 años), a los efectos de proceder a su identificación la Dirección General de Policía Judicial, mientras que cuatro menores fueron derivados bajo la órbita del Juzgado Penal Juvenil.
Asimismo, se concretó el secuestro de 14 teléfonos celulares, 11 dispositivos pendrive, 6 notebooks, 2 discos externos, 3 CPU, 2 tarjetas de memoria, 1 memoria RAM, 2 consolas de videojuegos, 1 televisor Smart, 1 decoder Roku, además de documentación y material de interés para la causa.
En uno de los procedimientos se incautaron 46 gramos de cannabis sativa (marihuana), conforme test orientativo realizado por personal de la División Narcocriminalidad, dando intervención a la Unidad Fiscal Federal.
Finalizadas las diligencias, los implicados fijaron domicilio a disposición de los magistrados provinciales correspondientes, en tanto que uno de ellos también lo hizo ante la Justicia Federal local, en relación con la sustancia estupefaciente incautada.