Das Neves lo tildó de "ñoqui"; la Justicia lo reivindicó 18 años después

En 2004 el empleado estatal se hallaba en tratamiento médico y tanto quien era gobernador, como su entonces fiscal de Estado, Jorge Miquelarena, lo denunciaron en forma rimbombante. Hoy la Justicia falló a su favor, pero él ya falleció.

La Sala A de la Cámara de Apelaciones condenó a la Provincia por haber denunciado y calumniado a un empleado público, y al menos a otros dos agentes, que supuestamente cobraban sin ir a trabajar. La denuncia la formalizaron penalmente en 2004 el también fallecido ex gobernador Mario Das Neves y el fiscal de Estado, hoy procurador general, Jorge Miquelarena.

La abogada Cristina Pagasartundúa (foto) recordó en diálogo con Radio 3 que su cliente, Jorge Strada, había sido derivado en aquel entonces a Buenos Aires por una intervención quirúrgica y que dada la inédita duración del proceso judicial, falleció sin haber conocido la sentencia que reparó su integridad moral.

“Junto con mi socio, Eduardo Hualpa (foto), fuimos abogados de una de las personas implicadas en esa sentencia, Jorge Strada, hoy fallecido”, recordó la letrada.

“Esto se remonta a principios de 2004, cuando iniciaba la primera gestión el gobernador Mario Das Neves. Él personalmente con el fiscal de Estado –el actual procurador general Jorge Miquelarena- concurrió personalmente a los tribunales, lo que generó un gran despliegue mediático. La noticia fue rimbombante porque no es común que un Gobernador y el Fiscal de Estado vayan a hacer una denuncia, más allá de que el Estado hace muchas denuncias penales”, repasó.

“Denunciaron a una serie de personas por recibir contraprestaciones del Estado, un sueldo, sin trabajar”, remarcó.

“En el caso de nuestro cliente eso era falso. El señor Strada se encontraba desde hacía algunos meses con tratamiento médico, había sido operado, se enteró por amigos de esta situación, de que había sido denunciado, con el agravante de toda la difusión pública que tuvo la noticia porque además el listado con los nombres de las personas se publicó en los diarios de mayor circulación”, reprochó.

“LIGEREZA Y TORPEZA”

“Más allá del desconcierto inicial, se sintió muy agraviado y un tiempo después, cuando estuvo mejor de salud, inició la demanda contra el Estado en procura de un resarcimiento del daño moral sufrido y también se pidió como parte del reclamo, una vez que se dictara la sentencia, que se publicara la aclaración”, expuso Pagasartundúa.

“En la demanda fundamentamos que la denuncia había sido calumniosa e imprudente, hubo ligereza y torpeza, porque con la mínima investigación previa por parte de las autoridades hubiera podido constatar que la persona se encontraba de licencia. Una situación absolutamente reglamentaria porque había sido dada con la intervención de la Dirección de Reconocimientos Médicos. El señor se hallaba con la cobertura de la obra social Seros, que también había autorizado el viaje. No había ninguna situación irregular que justificara haber sido sindicado como ñoqui y además haber sido denunciado penalmente, lo que motivó la demanda”, fundamentó.

“El juicio fue muy largo. En mis 30 años de abogada creo que no tuve un juicio más largo que éste; pasó todo lo que uno como abogado y los clientes no quieren que pase. No quiero aburrir, pero hubieron muchas incidencias y problemas de faltas de jueces y designaciones de conjueces que no tomaban el cargo”, lamentó.

“Finalmente se llegó a una sentencia de primera instancia en 2019, 13 años después de iniciada la demanda, plazos absolutamente inauditos, pero además esa sentencia rechazó la demanda. Fue dictada por un juez de refuerzo y consideró que no había responsabilidad del Estado porque el Fiscal de Estado tenía la obligación de denunciar y porque esos funcionarios, el Gobernador y el fiscal, hubieran sido responsables de la difusión de la noticia”, señaló.

SIN INVESTIGACION PREVIA

“Todos vamos a estar de acuerdo que si hay irregularidades y hay personas que cobran sin ir a trabajar hay que investigar y denunciar. En lo que no estuvimos nunca de acuerdo y por suerte finalmente la Justicia nos dio la razón, es en que la forma en que fueron denunciadas estas personas hubiera sido la correcta; sin ningún tipo de recaudo previo y sin ninguna investigación mínima sobre la veracidad de los hechos, y eso terminó dañando injustamente la imagen de las personas”, sostuvo la letrada.

“Por suerte en 2021 llegamos a la sentencia de la Cámara, la Sala A revocó la sentencia de primera instancia y condenó a la Provincia, especificando cuales habían sido las conductas incorrectas en el caso de los denunciantes, el Fiscal de Estado y el Gobernador”, destacó.

“La Provincia no podría haber quedado ajena a la difusión de la noticia, que fue el mayor daño por la exposición pública de los funcionarios al concurrir a los tribunales, al hacer declaraciones y adelantar que era importante que la comunidad conociera los nombres de estas personas”, insistió.

“En el caso de nuestro cliente y hasta donde sabemos de dos personas más que estaban en el listado, la Justicia condenó a la Provincia a indemnizar los daños sufridos”, aseveró.

“Lamentablemente el sabor amargo es el fallecimiento de nuestro cliente por esta demora inusitada. El expediente estuvo cuatro o cinco años sin juez porque coincidió con un juicio de amparo por un conflicto salarial con la Provincia. esto provocó que nueve jueces se excusaran, luego comenzó la designación de conjueces, es decir abogados de la profesión preparados para dictar sentencia, pero pasaron 18 y ninguno aceptaba el cargo. En ese ínterin íbamos planteando que la situación excedía todo plazo razonable”, consideró Pagasartundúa.

“El Superior Tribunal intervino y finalmente determinó que había que dictar sentencia, que lo tenía que hacer el juzgado civil y ahí fue cuando se designó un juez de refuerzo y llegamos a la condena en forma absolutamente tardía”, refrendó.

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