Los diputados, entre los que se encuentran Juan Marino, Hugo Yasky y Victoria Tolosa Paz, sostienen que el DNU, publicado en el Boletín Oficial, infringe los artículos 75 y 76 de la Constitución, que requieren la aprobación legislativa para cualquier tipo de endeudamiento con organismos internacionales.
Además, el escrito señala que el presidente podría estar cometiendo un "abuso de autoridad" y violando sus deberes como funcionario público.
Marino, uno de los denunciantes, enfatizó que el DNU no es un procedimiento normal, sino una maniobra política para eludir al Congreso y avanzar en un endeudamiento significativo. Aseguró que la falta de transparencia en los detalles del acuerdo podría perjudicar la estabilidad democrática del país.
Implicaciones del DNU
El DNU establece un nuevo Programa de Facilidades Extendidas con el FMI, que incluye el pago de intereses y el reembolso del capital del préstamo en un plazo de hasta diez años. Sin embargo, el decreto no proporciona detalles claros sobre los montos ni los plazos de los desembolsos, lo que ha generado preocupación entre los opositores.
Los legisladores han solicitado la suspensión inmediata de cualquier acto que implique endeudamiento sin la aprobación del Parlamento y han instado a la Justicia a notificar a ambas cámaras para que intervengan en la causa.
La denuncia se produce en un contexto donde se sospecha que el acuerdo con el FMI podría estar destinado a financiar la campaña legislativa de Milei para 2025, similar a lo que ocurrió en el pasado con el acuerdo de Mauricio Macri.
Marino advirtió que el país no puede estar subordinado a las necesidades electorales de La Libertad Avanza, el partido de Milei.