La presentación fue realizada por el letrado Leonardo Hernán Martínez Herrero, quien solicitó que se investigue la posible comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público y/o cualquier otro delito que pudiera surgir de la investigación.
Según consta en el escrito, el operativo estuvo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad y contó con la participación de efectivos de la Policía Federal Argentina, Prefectura Naval, Gendarmería Nacional, Policía de Seguridad Aeroportuaria y Policía de la Ciudad de Buenos Aires.
El foco en un grupo reducido de manifestantes
De acuerdo con la denuncia, alrededor de las 15:30 horas “un grupo de siete personas, perfectamente sincronizadas, comenzó a arrojar piedras, preparar bombas molotov y lanzarlas contra los vallados montados por las fuerzas de seguridad”.
El abogado describe que estas personas portaban mochilas, capuchas y cascos, se resguardaban detrás de maderas y que uno de ellos utilizaba una bandera de DirecTV como escudo. Al mismo tiempo, sostiene que cuando comenzaron los incidentes el resto de los manifestantes se replegó, quedando ese grupo aislado y plenamente visible.
En ese contexto, remarca que las imágenes de los hechos circularon ampliamente en medios de comunicación, redes sociales y tomas aéreas con drones, además de haber cámaras pertenecientes al comando unificado de las fuerzas de seguridad.
Sospechas por la falta de detenciones
El eje central de la denuncia se vincula con la ausencia de detenciones en el momento de los hechos. Según el escrito, pese a tratarse de un presunto delito en flagrancia, ninguno de los integrantes de ese grupo fue detenido.
“Resulta sumamente sospechoso que, siendo un grupo reducido, completamente aislado del resto, no hayan sido detenidos de inmediato”, señala la presentación. Asimismo, el denunciante sostiene que los camiones hidrantes no dirigieron el chorro de agua hacia el lugar donde se refugiaban y que los gases lacrimógenos fueron lanzados a considerable distancia.
Además, afirma que durante el avance de las fuerzas de seguridad para despejar la plaza se produjeron detenciones, pero no sobre los miembros de ese grupo violento. “Más bien pareciera que los encubrían”, agrega el escrito, al tiempo que subraya que hasta el momento no fueron detenidos ni identificados en su totalidad.
Para el abogado, esta conducta podría configurar un incumplimiento de los deberes de funcionario público por parte de la ministra y de los responsables operativos, al no haber ordenado —según su interpretación— la inmediata detención de los presuntos agresores.
Medidas de prueba solicitadas
Finalmente, la denuncia solicita que se libre oficio a distintos canales de televisión para que aporten las imágenes registradas, que el Ministerio de Seguridad informe los nombres y jerarquías de los responsables del operativo y que se ordene el secuestro de las grabaciones de las cámaras de las fuerzas de seguridad y del centro de monitoreo unificado.