Dos fiscales pidieron indagar a tres exgobernadores santacruceños

Un cimbronazo judicial impulsado por los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques afecta directamente a tres políticos santacruceños del PJ-Frente Para a Victoria que gobernaron esta provincia entre los años 2003 y 2015: Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta.

Caleta Olivia (agencia)

Los integrantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron a uno de los jueces de Comodoro Py, Julián Ercolini, que cite a los tres exgobernadores a indagatorias dado que en una investigación que llevan adelante consideran que los mismos direccionaron contratos millonarios en obras públicas a favor del empresario Lázaro Báez.

Vale recordar que Sergio Acevedo fue gobernador desde fines de 2003 hasta el 16 de marzo de 2006 cuando renunció al cargo inmediatamente después de que se produjera en Las Heras el homicidio de un oficial de la Policía provincial, Héctor Sayago, durante un sangriento enfrentamiento con trabajadores petroleros y de la construcción, aunque ya venía teniendo serias diferencias con el entonces presidente de la Nación, Néstor Kirchner.

El 30 de marzo de ese mismo año lo reemplazó quien venía ejerciendo el rol de vicegobernador, Carlos Sancho, el cual terminó su mandato el 28 de septiembre de 2007 tras renunciar en medio de fuertes manifestaciones de trabajadores estatales.

Ese mismo día lo reemplazó Daniel Román Peralta, quien luego ganó dos elecciones consecutivas y extendió su mandato hasta el 10 de diciembre de 2015, entregando el cargo a la actual gobernadora Alicia Kirchner.

LA ACUSACION INVOLUCRA A OTROS EXFUNCIONARIOS

Medios periodísticos porteños que tienen acceso directo a las causas que se ventilan en los tribunales de Comodoro Py señalaron que el extenso dictamen firmado por los fiscales Pollicita y Mahiques pone de manifiesto que tanto Acevedo como Sancho y Peralta formaron parte de una organización que estructuró una matriz, de la cual no era ajena el gobierno central de entonces, para favorecer a las empresas de Lázaro Báez, actualmente detenido en el Penal de Ezeiza.

Al respecto, el portal digital Infobae describe que el pedido de indagatoria, que se extiende a otras 20 personas, se corresponde con “una continuidad de la investigación por la que la expresidente Cristina Kirchner; el exministro de Planificación, Julio De Vido; y el ex secretario de Obras Públicas, José López, deberán ir a juicio oral y público por haber favorecido a Báez con obras viales, algunas de las cuales jamás se terminaron”.

“La responsabilidad por haber entregado negocios a Báez recayó no solo sobre los tres exgobernadores de Santa Cruz, sino también sobre exministros de Economía y Obras Públicas, funcionarios de Vialidad Provincial e integrantes del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz”, añade el informe.

En consecuencia, Pollicita y Mahiques pidieron al juez Ercolini que también indague a Luis Villanueva, Juan Antonio Bontempo, Juan Manuel Campillo, Diego Leonardo Robles, Roberto Ariel Ivovich, José Carlos Andrés Blassiotto, Edgardo Raúl Valfré -exministros de Economía y Obras Públicas de Santa Cruz-; y a Manuel Ángel Díaz, Guillermo Horacio Cantero, Juan Carlos Cerrato, Orlando Taboada, Daniel López Geraldi, Víctor Paniagua, Juan Gelves, Miguel Salazar, Ernesto Morilla, Roberto Lillo, Claudia Oliva, Alba Cabrera, Elio González, Carlos Mancilla, Guillermo Torres, Jorge Pasiecznik, Roberto Perazzo y Facundo Muñoz, quienes fueron funcionarios de la Administración General de Vialidad Provincial.

A la lista agregan los nombres de Angelina Abbona, Carlos Javier Ramos, Gastón Pedelaborde, Alice Quinteros, Mario Roberto Layún, Patricia Álvarez -todos ellos funcionarios del Tribunal de Cuentas de Santa Cruz- y los de José Carlos Pistán y Manuel Parras, quienes trabajaron durante la época investigada para empresas del Grupo Báez.

Los fiscales analizaron minuciosamente 51 obras viales financiadas y supervisadas por el Estado nacional, de las cuales 47 tuvieron como contraparte a la Administración General de Vialidad de Santa Cruz, que tuvo a su cargo la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras.

«Lo expuesto exhibe –dice el dictamen de los fiscales– que en más del 92% de las obras imputadas, la maniobra se instrumentó a partir de la actuación coordinada y planificada” entre los funcionarios nacionales y provinciales y de aquellos que “se encontraban del lado privado de la contratación”.

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