El Congreso esquiva prórroga de una ley que amortigua la violencia

Al margen de los fantasmas sobre la existencia de una milicia kurda en la Patagonia aparece la realidad concreta: desde 2006 está en vigencia una norma para relevar tierras y conflictos con los pueblos originarios. Vence este año y si no se prorroga recrudecerán los desalojos.

Un horizonte de desalojos comunitarios que dejaría chiquito el episodio de Esquel. Un infierno de operativos contra poblaciones indígenas en todo el país. Una victoria de la Gendarmería y las policías bravas de las provincias por sobre la negociación política y la paciencia. Ése podría ser el tono de este fin de año si el Congreso continúa dando signos de que busca prorrogar una ley de emergencia aprobada por primera vez en 2006.
La norma –según informa en su edición de ayer el diario Página 12- promueve el relevamiento de los puntos de conflicto y, mientras tanto, suspende el desalojo de comunidades donde se agrupan las 955.032 personas que en el censo de 2010 se reconocieron a sí mismas como indígenas.
La ley es la 26.160 e interesa tanto a los pueblos originarios como a los propietarios de tierras con potencialidad para grandes emprendimientos turísticos, agrícolas o mineros. El primer artículo establece que se declara la emergencia "en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país, cuya personería jurídica haya sido inscripta en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas u organismo provincial competente o aquellas preexistentes".
Se prorrogó en el 2009 y luego en el 2013. Vence el 23 de noviembre próximo. Dice el artículo 2: "Suspéndase por el plazo de la emergencia declarada, la ejecución de sentencias, actos procesales o administrativos, cuyo objeto sea el desalojo o desocupación de las tierras contempladas en el artículo 1".
En términos parlamentarios, el 23 de noviembre es hoy. El tratamiento de la prórroga ya se cayó en la última reunión de la comisión de labor parlamentaria del Senado, que agrupa a los presidentes de los bloques. Puede ser que el Congreso esté bajo el coma inducido por la campaña electoral con vistas a las parlamentarias del 22 de octubre. Puede ser que el Gobierno quiera el fin de la emergencia. Puede ser que algunos gobernadores, sobre todo de la Patagonia, deseen lo mismo que el Gobierno. O puede ser todo lo contrario y que un día, de golpe, el Congreso despierte y alcance a evitar el choque. Lo cierto es que hasta hoy la prórroga duerme. Y que poderosos grupos privados están conformes con la somnolencia. La quieren definitiva y eterna.

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