El diputado nacional de Unión por la Patria, el cura Juan Carlos Molina, había realizado dos presentaciones judiciales contra el vicegobernador Fabián Leguizamón; la exdirectora de Gestión Privada del Consejo de Educación, Andrea Franchini; y la abogada legislativa Gisela Martínez, quienes formularon acusaciones públicas vinculadas a la Fundación Valdocco, organización social y educativa dirigida por el sacerdote.
Molina llegó al edificio judicial acompañado por su abogado, Matías Solano, quien explicó que se trata de la instancia inicial prevista en este tipo de procesos penales, donde las partes pueden intentar un acuerdo antes de avanzar hacia un juicio oral.
"Hoy tenemos dos audiencias por querellas por calumnias e injurias. Si la otra parte acepta la fórmula que vamos a presentar, se podría llegar a una conciliación y terminarse hoy mismo estas causas", indicó el abogado.
Las acciones judiciales se originaron tras denuncias públicas vinculadas con la Fundación Valdocco, organización social y educativa que dirige Molina y que desarrolla proyectos educativos y comunitarios en distintas provincias.
Para Molina, esas acusaciones forman parte de una persecución política y judicial destinada a dañar su imagen pública y la labor social que impulsa la Fundación.
"Nada de esto es redituable. Más allá de la exposición política, hace mucho daño a mi persona y al entorno que tenemos con las comunidades y la escuela", sostuvo el legislador.
En ese sentido, remarcó que el objetivo de las querellas es establecer límites a las acusaciones públicas. "No podemos decir lo que se nos antoje del otro. Si lo que dicen es verdad, que lo demuestren; y si no, que se retracten en los mismos medios donde creemos que hicieron daño", afirmó.
Fuente: Nuevo Día