El 22 de agosto, Río Mayo celebró sus 90 años con la presencia de la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien fue declarada Huésped de Honor y compartió un discurso cargado de recuerdos personales. Evocó su infancia en el Regimiento 37, donde su padre, Eduardo Marcelo Villarruel -segundo jefe de la Compañía de Comandos 602 en la Guerra de Malvinas y más tarde oficial en Río Mayo- prestó funciones durante la década del ’80. Villarruel habló de federalismo, amor por la tierra y del valor simbólico del pueblo en su vida. Sin embargo, tras el desfile y los discursos, la postal que quedó para los riomayenses sigue siendo otra: el río, el único lugar de esparcimiento comunitario, está cerrado para la población.
UN ESPACIO DE ENCUENTRO
Río Mayo es un pueblo de apenas 4.500 habitantes, ubicado sobre la Ruta 40. Su clima adverso vuelve al río un refugio social en verano: familias, jóvenes y visitantes se concentran en sus costas para compartir un espacio vital.
El cierre del acceso a la margen oeste no es nuevo: comenzó durante la pandemia, cuando el Batallón de Ingenieros Mecanizado 9 empezó a restringir la circulación en determinados días para realizar prácticas militares -como armado de puentes, maniobras con gomones o ejercicios de tirolesa-. Lo que en un inicio eran cortes temporales se transformó en una prohibición permanente desde el 19 de agosto, sin explicación clara ni límites demarcados.
La vida cotidiana en Río Mayo transcurre marcada por la presencia militar: el cuartel ocupa gran parte del ejido urbano y muchos vecinos aseguran que la institución intimida, lo que desalienta las denuncias públicas o protestas abiertas.
EL COMUNICADO DEL EJERCITO
En una gacetilla difundida a la comunidad, el Batallón justificó la medida en un incidente ocurrido el 17 de agosto: “Se detectó el uso de armas de fuego en proximidades de los puestos de guardia (…) se ha dispuesto el cierre permanente del camino interno ubicado sobre la margen oeste del Río Mayo, dentro de la jurisdicción militar.”
El comunicado habla de “caza furtiva” y de un riesgo para la seguridad de centinelas y ciudadanos. Desde entonces, el acceso permanece vedado.
La situación expone un entramado de competencias cruzadas. El Código de Aguas de Chubut establece que la ribera es de dominio público y que el Instituto Provincial de Aguas (IPA) es la autoridad encargada de fijar sus límites. El Concejo Deliberante asegura haber reclamado esa demarcación desde hace un año y recibió apenas una línea provisoria.
Desde el recinto legislativo local insisten en que los caminos de ribera son de libre acceso y forman parte del esparcimiento de la comunidad. “Es imperioso establecer límites claros en los alrededores del ejido urbano y suburbano para que los derechos de los vecinos no sean vulnerados”, expresaron en una de las notas enviadas a las que accedió Perfil.
En distintos documentos, el Concejo Deliberante recordó que los caminos de ribera lindan tanto con propiedades privadas como con predios del Ejército y de Gendarmería, y pidió establecer servidumbres para garantizar el libre tránsito. También remarcó que las aguas del río Mayo forman parte de la vida cultural y deportiva de la población, por lo que la accesibilidad debe estar asegurada de manera clara para evitar conflictos sociales.
En la práctica, el Ejército ejerce control sobre la ribera sin una resolución provincial ni municipal que lo respalde.
QUE DICEN LAS AUTORIDADES
El gobernador chubutense, Ignacio Torres, dijo que “es competencia municipal, el Concejo Deliberante por ordenanza define la utilidad pública del acceso. La ribera es de dominio público, pero si la entrada está en un predio del Ejército el municipio puede acordar un ingreso”.
El intendente Gustavo Loyaute, en cambio, negó tener información precisa y derivó la consulta al Concejo.
Los vecinos aseguran que la restricción va más allá del uso recreativo. Durante la pandemia, empleados municipales perdieron áridos recolectados porque se les impidió el ingreso. Otros relatan que incluso quienes se detienen a rezar en una ermita de la Virgen son invitados a retirarse.
La garita militar más cercana al barrio limita aún más la circulación: el sector, cercado con alambre olímpico, es el que queda más próximo al río.
La presidenta del Concejo Deliberante, Silvia Muñoz, reconoció que el conflicto supera su competencia: “No podemos regular la ribera por ordenanza. Es el IPA quien fija los límites y hoy el litigio es entre el Estado provincial y el nacional”.
Las conversaciones se trasladaron al Ministerio de Defensa, pero no hay acuerdo. Por su parte, Cristina Sandoval, exconcejal riomayense recordó que, años atrás, se negoció un camino provisorio con el Batallón, pero nunca se resolvió.
La controversia no es nueva. En 2020, Sandoval había denunciado públicamente que fue interceptada por personal militar mientras caminaba con su hijo por la ribera. En una carta abierta preguntaba si correspondía registrarse en la guardia del Batallón para transitar por un espacio público. Cinco años después, los cuestionamientos persisten y se agravan.
“Río Mayo es chico, no hay muchos lugares donde encontrarnos. En verano todos vamos al río, es el corazón de la vida social. Y ahora directamente nos sacaron una gacetilla diciendo que está prohibido pasar. Es una locura”, contó otra vecina a este medio.
PROPIEDAD Y ANTECEDENTES HISTORICOS
El terreno donde hoy está el Batallón era originalmente privado. Vecinos recuerdan que pertenecía a la familia Villegas, que lo cedió en un acuerdo con el Ejército en los años ’70. Desde entonces, el predio está registrado a nombre del Estado nacional. Lo que nunca se delimitó fue el acceso al río.
El Regimiento de Infantería 37, creado por decreto en 1979, se instaló definitivamente en 1982, en plena dictadura militar, para guarnecer la zona de frontera. Esa decisión, que consolidó la presencia castrense en el pueblo, coartó también el crecimiento urbano hacia el oeste. Hoy, la unidad fue reemplazada por el Batallón de Ingenieros 9, bajo el mando del teniente coronel Leonardo Martín Sakamoto, quien dispuso el cierre definitivo del paso.
Lo que en los discursos oficiales aparece como un pueblo símbolo del federalismo, la Fiesta Nacional de la Esquila y del amor por la Patagonia, en los hechos se traduce en una comunidad que ve clausurado su único espacio público vital.
La falta de delimitación oficial y de un marco legal mantiene el acceso al río en un limbo: el Ejército sostiene el control, mientras Provincia y Municipio se derivan responsabilidades y el IPA no fija la línea de ribera definitiva. En el medio, los vecinos de Río Mayo siguen sin poder llegar al río que, por ley, les pertenece.
Fuente: Perfil