El texto establece como eje central el equilibrio de las cuentas públicas, con un esquema que contempla reducciones impositivas si se supera la meta de superávit y recortes automáticos en caso contrario. La ley fue aprobada durante el último período de sesiones extraordinarias del Congreso Nacional.
Según datos oficiales, el Presupuesto prevé para el Sector Público Nacional un superávit financiero de 2,7 billones de pesos, con recursos totales estimados en 148,29 billones y gastos autorizados por 148,06 billones.
En cuanto a la distribución del gasto, los Servicios Sociales concentrarán la mayor parte de los fondos, con 106,52 billones de pesos. Le siguen el pago de la deuda pública, con 14,11 billones; los Servicios Económicos, con 11,45 billones; la Administración Gubernamental, con 8,85 billones; y los Servicios de Defensa y Seguridad, con 7,11 billones.
Para el funcionamiento de las universidades nacionales, el presupuesto asigna 4,78 billones de pesos. La normativa establece que las instituciones deberán rendir cuentas ante la Secretaría de Educación, bajo apercibimiento de que se suspendan las transferencias en caso de incumplimientos.
En materia previsional, se destinarán 212.288 millones de pesos al pago de deudas judiciales y administrativas de la ANSES, además de 122.762 millones para asistir a las cajas previsionales de las provincias que no transfirieron sus sistemas al Estado nacional.
En relación al financiamiento, el Poder Ejecutivo quedó autorizado a emitir Letras del Tesoro por hasta 70 billones de pesos. También se fijaron límites para el uso de crédito de corto plazo: 4 billones para la Tesorería General de la Nación y 2,5 billones para otros compromisos financieros.
Por último, la ley impone restricciones para la cobertura de vacantes en la administración pública, que deberán contar con autorización previa de la Jefatura de Gabinete. Asimismo, se mantienen las exenciones impositivas y arancelarias para vacunas y medicamentos destinados a programas sanitarios nacionales.
Con la promulgación de la norma, el Gobierno pone en marcha el esquema presupuestario que regirá durante 2026, en un contexto económico atravesado por el ajuste fiscal y la redefinición del rol del Estado.